POR CLAUDIA PALACIOS
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La Fiscalía de Delitos contra la Vida ya inició investigaciones para determinar las responsabilidades penales correspondientes por la muerte de 13 pacientes con insuficiencia renal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que fallecieron por infecciones tras recibir el tratamiento de diálisis peritoneal por parte de la empresa Pisa, ahora señalada de fraude.
Entre las primeras pesquisas la fiscalía solicitó muestras de los materiales utilizados para aplicar el tratamiento de diálisis a los pacientes, las cuales serán analizadas para determinar si cumplen con los requisitos de salubridad y calidad mínimos.
De acuerdo con la Fiscalía Especial contra la Impunidad, encargada de investigar la contratación anómala de la empresa, Pisa no contaba con licencia sanitaria, ni con las experiencia y estructura para tratar a los pacientes y, sin embargo, la Junta de Licitación a cargo del proceso de adjudicación del contrato la seleccionó para brindar el servicio.
Acción Ciudadana, organización que asesora legalmente a los pacientes y familiares afectados por el supuesto fraude, informó que aún analiza integrarse al proceso penal contra la Junta Directiva del IGSS, la Junta de Licitación y los representantes de Pisa.
