Jonathan Menkos
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El pasado domingo, los costarricenses eligieron presidente a Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda y quien competía con el novel Partido Progreso Social Democrático. Chaves ha conseguido el 52.8% de los votos, ganando a su rival, José María Figueres, expresidente de Costa Rica (1994-1998), del Partido Liberación Nacional, uno de los dos partidos más antiguos y tradicionales del país.
Chaves recibe una Costa Rica en la que uno de cada cinco ciudadanos vive en condiciones de pobreza; mientras la desigualdad social aumenta y las clases trabajadoras están siendo cotidianamente depauperadas, bajo un estilo de crecimiento económico que ha dejado de lado el poder que tiene el fomento del mercado nacional, que sigue anclado en producciones que destruyen el ambiente natural y es cada vez más vulnerable ante el contexto internacional. Asimismo, el Estado se enfrenta a un relato neoliberal, impulsado por una parte de la élite económica, que impulsa la idea de reducir el poder del Estado en favor de quienes dominan los mercados.
Por lo anterior, el nuevo gobierno, que iniciará su gestión a partir del 8 de mayo, tiene el enorme reto de proponer y alcanzar reformas estructurales que reconstituyan la base económica y social que hizo a Costa Rica tan famosa y poco normal, para Centroamérica, décadas atrás: esto significa lograr generar más empleo y mejores salarios, fortaleciendo la clase media; mejoras en la calidad de la educación, la salud y la protección social también son urgentes, principalmente para reducir las brechas de desarrollo y bienestar entre San José y el valle central y el resto del territorio y para aprovechar mejor la transición demográfica; el modelo de seguridad ciudadana también es un elemento que requiere reformas frente al incremento del crimen organizado internacional. Importantes inversiones en infraestructura económica (carreteras, principalmente) e innovación tecnológica son necesarias para lograr que Costa Rica avance por una senda de desarrollo sostenible y sostenido.
Para concretar su oferta electoral y cambios estructurales urgentes, al nuevo gobierno le toca arreglar las finanzas públicas. Porque la buena voluntad expresada en los discursos y en las promesas de campaña se topa con la cruda realidad fiscal de Costa Rica: baja recaudación de impuestos, altos privilegios fiscales para la élite económica, gasto público con espacios de despilfarro y una deuda pública que asfixia cualquier posibilidad de cambio. En 2021 el saldo de la deuda pública alcanzó 70.3%, mientras el 22.5% del presupuesto de gasto público se destinó al pago de intereses de la deuda. Sin cambios en esta materia, entre 2022 y 2030 el Estado de Costa Rica pagará por intereses de la deuda el equivalente a USD40.8 millardos.
En el III informe centroamericano de política fiscal, publicado recientemente por el Icefi, se advierte que Costa Rica requiere, entre 2022 y 2030, movilizar cerca de USD46.5 millardos para construir las bases de su desarrollo en el presente siglo, entre ellas, erradicar pobreza, universalizar educación, salud, agua, saneamiento y electricidad, mejorar el sistema de carreteras, así como promover la innovación para la transformación productiva. Alcanzar estos objetivos en 2030 es posible si el nuevo gobierno moderniza la política fiscal reduciendo los privilegios fiscales y la evasión de impuestos, combatiendo los flujos ilícitos de capital, haciendo reformas que doten de más progresividad al impuesto sobre la renta, planificando el gasto público en función de metas de desarrollo y reestructurando la deuda pública.
El partido de Chaves tiene solo 10 de los 57 diputados de la Asamblea, lo que evidencia la necesidad de que busque en los primeros meses un amplio acuerdo político en materia fiscal con la ciudadanía, el sector sindical, el sector empresarial no rentista y los partidos políticos progresistas. Ojalá lo logre, por el bien de Costa Rica y de Centroamérica.
