POR CLAUDIA PALACIOS
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El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) se constituyó como querellante adhesivo del proceso penal contra Juan de Dios Rodríguez, expresidente de la institución, y 16 personas más por la firma de un contrato fraudulento con la empresa farmacéutica Pisa.
La jueza sexta del ramo penal, Silvia de León, resolvió adherir al IGSS como querellante adhesivo en el caso penal conocido como IGSS- Pisa.
Los abogados representantes de la institución realizaron la solicitud y argumentaron que el IGSS es una víctima más del presunto fraude cometido por funcionarios y empresarios.
Los abogados señalaron a la juzgadora que la entidad se vio afectada, al violentar el derecho a la salud de los usuarios renales y prometieron la colaboración con el Ministerio Público para las pesquisas del caso.
La togada falló a favor del IGSS y programó para el próximo jueves otra audiencia en la que se resolverán las solicitudes de varios sindicados para obtener una medida de coerción diferente a la prisión preventiva.
La Junta Directiva del IGSS y los representantes legales de la droguería Pisa fueron detenidos luego de que investigaciones del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron que la adjudicación de un contrato por Q116 millones a la empresa farmacéutica, para el tratamiento de hemodiálisis a pacientes con insuficiencia renal, fue producto de una negociación ilícita para obtener beneficios económico.
Herberth Rodolfo García Granados y Otto Fernando Molina Stalling, hijo de Blanca Stalling, presidenta de la Cámara Penal, son señalados como los artífices de dicho negocio. Además, el MP les imputa un intento de soborno para adjudicarse otro contrato para el servicio de hemodiálisis.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) cuenta con aproximadamente cinco mil llamadas telefónicas interceptadas en la investigación y cientos de documentos que evidencian que Pisa no contaba con la infraestructura, la experiencia o el recurso humano para atender a los pacientes.
Aunque el MP responsabiliza a la Junta Directiva del IGSS y la respectiva Junta Licitadora del caso por la firma del contrato, la fiscalía aún está investigando si los funcionarios recibieron dádivas a cambio de tal adjudicación.
En fecha reciente el juzgado Sexto de Instancia Penal inmovilizó Q21, 715, 539.05 pertenecientes a las cuentas del expresidente del IGSS y a la empresa farmacéutica Pisa.
Juan Francisco Sandoval, fiscal del caso, señaló fuera de audiencia que el MP sigue a la espera de más informes financieros de todos los bancos del sistema.
En relación a este caso, la Fiscalía de Delitos contra la Vida investiga si Pisa tuvo responsabilidad en la muerte de 13 pacientes renales que fallecieron por infecciones tras ser tratados por la empresa.
