Durante febrero el Ministerio Público de la fiscal general, María Consuelo Porras, requirió la captura de personal que perteneció a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), reportando seis detenciones, sin embargo, solo a una de ellas logró vincular a proceso penal como lo requirió en sus sindicaciones.
Las diligencias estuvieron marcadas por retrasos que permitieron a los sindicados dilucidar su situación varios días o incluso semanas después de estar en prisión provisional.
EL CASO DE EVA SOSA
El 15 de febrero la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Eva Siomara Sosa, junto a la exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Leidy Santizo, por la supuesta comisión del delito de obstrucción a la justicia en el caso bajo reserva “Cooptación y Corrupción Judicial”.
El pasado 7 de marzo, el juez Tercero Penal, Geisler Pérez resolvió ligarlas a proceso penal por colusión y declaró la falta de mérito por obstrucción a la justicia, es decir, un delito menor y les otorgó arresto domiciliario.
Por ello, las abogadas presentaron una solicitud de inhibitoria para que el Juez Tercero ya no siga conociendo su expediente y lo remita a un Juzgado de Paz, argumentando que colusión es un delito menos grave y es competencia de esas judicaturas resolverlo.
#LHResumenSemanal El CACIF se pronunció el pasado 09 de marzo, por la presencia de diplomáticos en la audiencia por el antejuicio contra la jueza de Mayor Riesgo "D", Erika Aifán.
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Mientras tanto el MP apeló la resolución, requiriendo además que ambas sean puestas en arresto preventivo.
FALTA DE MÉRITO A EXAUXILIARES
Mientras que este viernes, el Juzgado Tercero Penal decretó falta de mérito a favor de las ex auxiliares fiscales de la FECI, Aliss Noemí Morán y Paola Escobar, por el delito de abuso de autoridad.
En el caso del ex auxiliar fiscal, Willy Racanac, también se le otorgó falta de mérito por abuso de autoridad, pero fue ligado a proceso por el delito de coacción y continuará en arresto domiciliario debido a una intervención quirúrgica.
La Fiscalía de Asuntos Internos requirió las órdenes de captura por supuestas presiones en contra de uno de los sindicados en el caso Comisiones Paralelas 2020.
Paola Escobar y Willy Racanac fueron detenidos el 16 de febrero, mientras Aliss Noemí Morán un día después cuando buscó ponerse a disposición del Juzgado a cargo de la investigación.
Por este caso también es requerido el fiscal Rudy Antonio Herrera, pero él salió hacia Estados Unidos argumentando que buscaba evitar ser víctima de una persecución injusta.
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SOLO UN CASO HA PROSPERADO COMO EL MP LO PLANTEÓ
De momento, el único caso que ha prosperado como el MP lo planteó es contra la ex titular de la FECI de Quetzaltenango, Virginia Laparra, quien permanece en prisión preventiva en Mariscal Zavala tras ser detenida el 23 de febrero y ser ligada a proceso el 3 de marzo por la supuesta comisión del delito de usurpación de funciones y abuso de autoridad.
La audiencia de primera declaración se suspendió en seis ocasiones y ayer el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal rechazó el pedido de Laparra de ser beneficiada con arresto domiciliario.
El MP la señala de interponer múltiples denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial y Supervisión de Tribunales, presuntamente afirmando hechos falsos en contra del Juez de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, Lesther Castellanos. Además, señala que, posiblemente ejerció actos en nombre del MP, atribuyéndose carácter oficial para interponer dichas denuncias.
REACCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
Estas acciones emprendidas por el MP han provocado las reacciones de entidades nacionales, internacionales y el propio Gobierno de Estados Unidos quienes han requerido garantizar el debido proceso y derechos humanos de los operadores de justicia sindicados, además, de criticar el actuar de la entidad que dirige Consuelo Porras.
