Factor Méndez Doninelli
Cuando los invasores españoles llegaron a Mesoamérica en el Siglo XVI, se inició el saqueo y destrucción de todo tipo de riquezas, testimonios culturales y vestigios sociales, políticos, económicos y formativos de la ancestral y magnífica civilización Maya, además se propusieron exterminar a los indígenas y cometieron genocidio. Los cronistas de la época relatan que el fraile franciscano Diego de Landa convertido en depredador, ordenó destruir todos los símbolos que representaban deidades mayas e incinerar en la hoguera miles de códices que guardaban la historia, origen, conocimientos, usos, costumbres, interpretaciones filosóficas y cosmovisión de los pueblos originarios con la pretensión de convertir a los indígenas al catolicismo para aniquilar sus culturas, asfixiar y exterminar a sus pobladores. Pese al daño ocasionado por esos actos de barbarie los pueblos resurgieron, no lograron asfixiar su tenacidad y sus culturas siguen existiendo. Desde esos lejanos tiempos, los invasores empezaron a corromper a instituciones, a funcionarios y autoridades para no recibir castigo por los abusos, exceso de fuerza, destrucción y exterminio que ocasionaron. El mismo fray Diego fue juzgado y absuelto de todos los cargos.
Hace más de quinientos años que en los países mesoamericanos entre estos Guatemala se conformaron las élites depredadoras las que, por medio de sus siervos, testaferros, políticos lacayunos, militares represivos y mediante actos de corrupción e impunidad históricas, tomaron el control del poder político, imponen a su antojo y medida a gobernantes fantoches, arrasan con los recursos naturales, despojan de sus territorios a los pueblos originarios, saquean los fondos públicos del Estado para favorecer sus intereses de clase y mantener asfixiada a la población.
En Guatemala eso ocurre ahora mismo que las élites neoliberales en colusión con políticos neo fascistas, fundamentalistas neo pentecostales, gavillas del crimen organizado, redes de narcotráfico, de fuerzas militares y de seguridad corruptas, se dedican a promover impunidad y controlar los tres poderes del Estado, esta situación provoca grave daño al sistema de justicia, a la vigencia plena del Estado de Derecho y al respeto de los derechos humanos de la población. Hoy la estrategia de los corruptos es la misma de los invasores españoles, asfixiar a los habitantes.
La ciudadanía guatemalteca organizada, sectores académicos, religiosos, gremiales, estudiantiles, de derechos humanos, los periodistas, columnistas, la prensa, jueces independientes, exfiscales, exfuncionarios públicos, así como algunos países y organismos regionales e internacionales, están preocupados por el estado de la situación y el giro autoritario de los gobernantes guatemaltecos, quienes se distinguen por ser intolerantes, prepotentes, opacos, abusivos, cínicos, mentirosos, indoctos, corruptos y violadores de derechos humanos.
Los corruptos quieren garantizar impunidad para sus actos, saben que tienen un Ministerio Público que los protege como está demostrado con la actual Fiscal Consuelo Porras. Quien como saben, por sus actos antidemocráticos y proteger a corruptos, el Gobierno estadounidense la incluyó en la lista Engel. No obstante, la señora Porras apuesta a ser reelecta para un segundo período y se postuló ante la Comisión respectiva, que en estos momentos revisa la documentación de veintiséis candidatos entre los que debe seleccionar seis finalistas, para luego entregar la lista al presidente Alejandro Giammattei, quien escogerá al próximo Fiscal General.
Esta semana la Asociación de Periodistas de Guatemala APG máxima entidad de prensa del país, entregó una solicitud a la Comisión Postuladora para que excluyan de la lista final a la señora Porras por no ser idónea para continuar en el cargo. “Solicitamos que, a la hora de calificar a los candidatos a dicho cargo, se excluya a la actual Fiscal General, Consuelo Porras, por considerar que no posee las cualidades de idoneidad, ética y credibilidad para mantener ese importante cargo.”
En el esfuerzo por asfixiar al país y la población, los corruptos dañaron la institucionalidad democrática, al Sistema de Justicia y al Estado de Derecho.
