Sandra Xinico Batz
El 14 de febrero el medio de comunicación El Faro publicó un reportaje titulado “Testigo acusa a Giammattei de financiar su campaña con sobornos de constructoras”, en el que dan a conocer el testimonio de una persona que asegura que el presidente Alejandro Giammattei negoció con el entonces ministro José Luis Benito, un aporte de 2.6 millones de dólares para su campaña electoral, en 2019, con la condición de mantener (a Benito) en su puesto por un año, para que este continuara operando la estructura de corrupción de obras públicas que funcionaba en el gobierno de Jimmy Morales. Este aporte era dinero proveniente de sobornos de empresas constructoras que serían beneficiadas con contratos millonarios para construcción y mantenimiento de carreteras.
Según información proporcionada por este testigo, el entonces secretario general del partido Vamos, quien después fuera Secretario Privado de la Presidencia, Giorgo Bruni, dijo a Giammattei que el dinero saldría de un anticipo pagado por el Ministerio de Comunicaciones a la empresa COAMCO, “para la construcción y mejoramiento de un tramo de carretera en el departamento de San Marcos” y que dicho aporte se haría llegar a través de agentes de la Policía; todo esto fue discutido en una reunión en Ciudad de Guatemala, en la que participaron el actual ministro de Desarrollo Raúl Romero, el exjefe del Centro de Gobierno Miguel Martínez, Giorgio Bruni y una persona identificada únicamente como Jorge. En esta reunión se comunicaron por teléfono con José Luis Benito quien dijo en alta voz que Alejandro Giammattei estaba presente y escuchándolo.
Doce proyectos de construcción de carreteras fueron enumerados por el testigo, quien asegura fueron los que estuvieron ligados a este pacto, “que suman contratos con cuatro empresas disentías por más de 1,471 millones de quetzales (…) Documentos oficiales muestran que onde de esos proyectos fueron adjudicados y están en ejecución. Uno más está en este momento en licitación abierta”.
La investigación realizada por El Faro aporta elementos importantes para comprender como operan estas redes criminales que incluyen empresarios, políticos y funcionarios públicos y como se ha utilizado la institucionalidad del Estado para encubrir y promover estos actos de corrupción, que una vez más nos muestra que la política tradicional se trata de un negocio espurio que acomoda las leyes a su antojo para evadir la justicia, un ejemplo concreto de esto es el papel que ha tenido la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, quien ha venido ejecutando una casería en contra de juezas, jueces y otros funcionarios a quienes hostiga, vigila y controla para boicotear cualquier proceso que pueda evidenciar o llevar a ente la justicia estos crímenes.
Por supuesto que el presidente Giammattei no aceptará haber cometido esto delitos o el hecho de que su campaña haya sido financiada de forma ilícita, lo narrado en el reportaje de El Faro seguramente es solo una pequeña muestra de como se capitaliza la política en Guatemala que funciona como una especie de crimen organizado. No hace falta imaginarse lo que ya sabemos sino cambiarlo.
