José Roberto Alejos Cámbara
A 20 días de la instalación de la asamblea nacional constituyente, en Guatemala la comunidad internacional estaba consciente que el general Mejía Víctores, después de un relevo en el mando al general Ríos Montt, tomaba el país después de treinta años de regímenes militares y una guerra fratricida. En donde las sangrientas dictaduras eran un lastre que ya no les permitía gobernar. El país se aislaba del mundo.
Pero reconociendo también que este gobierno de facto, sus allegados, el consejo de Estado, en especial la comisión política de este, estaba dejando una innegable huella en la historia de Guatemala pues tenía objetivos concretos: Ser un gobierno transicional; que serviría de plataforma para un verdadero pacto social al permitir o promover, una constituyente; para después convocar a elecciones (que serían libres) buscando ceder el gobierno a los civiles. Tuvimos clara ausencia de participación oficialista y se veía cómo desde la convocatoria buscaban que fuera pluralista en su integración.
El 21 de agosto de 1984 con total independencia, después de 6 sesiones para aprobar la ley orgánica con la que funcionaría la asamblea, aprobábamos nuestro presupuesto. Un millón setecientos veinte mil quetzales para 5 meses de trabajo. Un promedio de trescientos cuarenta y cuatro mil quetzales al mes. Lo que el congreso de hoy se gasta en un mes de rentas de sus oficinas, por si quieren argumentar que éramos 88 y ahora son 160 diputados y diputadas. La verdad es que los congresos originales se componían de representantes de los distintos sectores, que los representaban en la legislación y los controles parlamentarios y vivían de su oficio y profesiones. Tanto la asamblea como la 1ª legislatura tenían solo el palacio legislativo y una casa vieja adjunta para las comisiones de trabajo, Catalina Soberanis, la primera mujer en presidir este organismo consiguió sin que costara un centavo, la casa Larrazábal para salones de sesiones y ahora solo su remodelación costó millones.
La verdad es que hasta las reformas del 93 los diputados no tenían asesores por ley, oficinas para cada uno y un artículo en su ley interna, que obliga a junta directiva a proporcionarles todo lo que sea necesario para realizar sus funciones. Arabela Castro hizo el primer reordenamiento despidiendo una gran cantidad de personas, que al final ganaron su reinstalación y en la reorganización le pasó las que me pasó a mí, ordenar la casa sirvió para aumentar el personal, en mi caso un retiro voluntario al que muy pocos entraron y una evaluación tirada por el sindicato, aunque bajo el número de persona, aumentó la cantidad de presupuestados. Se congelaron las plazas y se dejó establecido que los ahorros que estaban depositados en el banco de Guatemala, después del escándalo de la pérdida de más de 80 millones, serían los fondos para jubilar a los empleados, lamentablemente solo el primer presidente del gobierno Patriota lo respetó y no aumentó el personal, pero el presupuesto venía en aumento por un pacto laboral que aumenta en automático los salarios cada año.
Las tres juntas directivas últimas de este gobierno están siendo juzgadas por plazas fantasma, la reforma de Mario Taracena destapó los grandes salarios y desprestigió más al congreso y ahora veamos en la situación en la que se encuentra este tema. CONTINUARÁ.
