Cerca de un centenar de policías y elementos de la Guardia Nacional y el Ejército desalojaron el domingo a 381 migrantes, en su mayoría centroamericanos y mexicanos, que permanecían desde hace casi un año en un improvisado campamento que fue instalado en la entrada de un cruce fronterizo entre la ciudad mexicana de Tijuana y Estados Unidos.
Las cientos de carpas que habían colocado los migrantes en los alrededores de la garita “El Chaparral” en Tijuana, estado de Baja California, fueron derribadas con la ayuda de excavadoras y camiones mientras que sus habitantes cargaban en bolsas y maletas sus escasos enseres para ser trasladados a tres alberges de la localidad.
“Fue una reubicación que se tenía que llevar a discreción para evitar algún colapso”, afirmó el domingo la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, al explicar a la prensa las razones que llevaron al desalojo del campamento, y agregó que las familias se encontraban en una situación de “inseguridad” especialmente por razones de salubridad.
Caballero Ramírez indicó que la movilización de los habitantes del campamento se realizó de manera pacífica y que participaron elementos de seguridad para evitar que los migrantes sufrieran alguna eventualidad.
Asimismo, la alcaldesa descartó que la decisión de desarmar el campamento respondiera a una presión de Estados Unidos. “Ustedes saben que la autoridad tijuanense se rige por sus propias normas jurídicas”, agregó.
El grupo de 381 migrantes, integrado por 86 núcleos familiares, 24 madres solteras con hijos, 33 hombres y tres personas de la comunidad LGBT, fue repartido entre los albergues Centro Integrador del Migrante, proyecto Salesiano y el Santuario del Migrante, precisó la alcaldesa.
El campamento de “El Chaparral” comenzó a formarse a finales de enero de 2021, luego de la llegada al gobierno del presidente Joe Biden y que las autoridades estadounidenses comenzaran contener el flujo de extranjeros en cumplimiento de las políticas que obligan a los migrantes a esperar en México sus audiencias en cortes de inmigración y por las medidas de salud pública relacionadas con la pandemia del coronavirus.
El campamento se había convertido en un dolor de cabeza para las autoridades de los dos países debido a que estaba afectando el tránsito por uno de los tres pasos peatonales hacia la ciudad estadounidense de San Diego, por el que solía pasar una media de unas 12.000 personas a diario.
Activistas y organizaciones humanitarias habían expresado preocupación por la situación en la que vivían los cientos de migrantes, muchos de ellos niños, en el improvisado campamento. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México exhortó el año pasado a las autoridades mexicanas a garantizar el respeto a los derechos humanos de los habitantes del campamento de “El Chaparral” y privilegiar las acciones de seguridad y protección a dicho grupo.
El desalojo del campamento generó el domingo cuestionamientos de algunos activistas y defensores de derechos de los migrantes.
“Los migrantes centroamericanos y los mexicanos desplazados son seres humanos. Ellos no representan amenaza a México”, afirmó en su cuenta de Twitter Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, al rechazar el desalojo del campamento, hecho que consideró como una “vergüenza”.
