Walter Juárez Estrada
El Ministerio Público, se encontraba integrado a la Procuraduría General de la Nación, conforme el Decreto 512 del Congreso de la República, posteriormente se separaron dos figura de conformidad a las reformas constitucionales, y es en el año de 1,993 que el Estado de Guatemala da un giro en la forma de organizar el sistema penal para enfrentar la criminalidad y separó los campos de las administración de justicia y la investigación y persecución penal, estableciendo un sistema de pesos y contra pesos en el cual se buscaba la independencia del funcionario a cargo de la persecución penal.
Es entonces que el Ministerio Público, busca la independencia y su autonomía, para ejercer y léase bien en nombre del pueblo de Guatemala el monopolio de la investigación, persecución y acción pública en materia penal, deslindado al Estado de Guatemala a otros actos legales por medio de la Procuraduría General de la Nación., la persecución penal. La Reforma Constitucional y procesal penal conciben al Ministerio Público como un ente autónomo emitiéndose el Decreto No. 40-94 “Ley Orgánica del Ministerio Público” que define al Ministerio Público como una institución que promueve la persecución penal, dirige la investigación de los delitos de acción pública y que vela por el estricto cumplimiento de las leyes del país, y desde esa fecha se ha escogido a varios fiscales y jefes de ese ente investigador.
En días recientes el Congreso de República de Guatemala, emitió decreto para conformar la comisión que deberá escoger a los seis nominados para ser Fiscal General de Nación y Jefe del Ministerio Público, y luego trasladarlo al Presidente de la República para su nominación definitiva, quién debe cumplir el plazo de cuatro años para los que fue nombrado.
La actual Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, ha tenido un gestión cuestionada no solo por la sociedad guatemalteca, por los grupos sociales, y personas influyentes de la sociedad, sino que ha respondido a asociaciones y políticos que tienen el control de ese ente investigador al punto que antes de que los casos salgan a la luz pública, nets cententers pagados por intereses políticos y del pacto de corruptos, sacan a luz acciones y pruebas aún antes que sean presentados por ese ente en los órganos competentes. Cabe recordar que a la presente fecha, la señora Consuelo Porras no ha presentado ni un solo caso de alto impacto que tenga como conciencia la limpieza de hechos criminales y del crimen organizado, entre ellos la corrupción y narco tráfico.
La comisión para escoger a los nominados a Fiscal General, está integrada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente del Colegio de Abogados, el Tribunal de Honor y los Decanos de las Facultades de derecho del país, quienes deberán analizar con imparcialidad absoluta y fuera de los ámbitos políticos, el perfil de los seis aspirantes y desechar nombres y personas, que no cumplan con los postulados de honradez, de autonomía que norma la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Pero debe de destacarse que desde que se crea el Ministerio público como institución autónoma, los procesos no han sido transparentes, vinculándose dicho procesos a intereses de sectores políticos, por cierto los más conservadores, al sector privado y al narcotráfico, quienes juegan un papel preponderante en la escogencia de dicho funcionario, presionando al Presidente de la República y a sus aliados quien claro está también tiene interés directo para cubrir su impunidad, claro ejemplo es la señora Fiscal actual María del Consuelo Porras Argueta.
Toda la sociedad civil, los medios de comunicación independiente, personas individuales, asociaciones y sectores políticos del país deben de velar sobre la importancia que es para Guatemala, el escoger un nuevo Fiscal General independiente y autónomo, que no cometa los mismos errores del pasado, que sepa llevar la acción penal, mejore la estructura del Ministerio Público llevándolo a todo el país y que espete la Ley, la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Orgánica del Ministerio público. Si bien la elección del Fiscal General es un evento eminentemente político, en virtud de que es el Presidente de la República quién elige nombrar dentro de una nómina de 6 aspirantes, también debe ser moral y ético saber escoger al mejor por sus cualidades profesionales y calidad de vida del futuro funcionario.
Todos dudamos de que el Presidente Giammattei escoja en base a los valores éticos y morales esta en él demostrar lo contrario, y por vez primera dentro de su mandato sea transparente y no pasional en dicha elección, Todos los guatemaltecos debemos unirnos y seguir de cerca este proceso y tener el valor de rechazar aquellas candidaturas que por presiones e imposición a dedo quieran colarse entre los 6 postulantes al cargo del Ministerio público con el objeto de que sean personas idóneas y no corruptas ni plegados a intereses para limpiar la tan dañada imagen que tiene el Ministerio público en estos últimos años es necesario que Guatemala tenga un fiscal general totalmente independiente Que lleve la batuta de la acción penal y poder ser resarcir al pueblo de Guatemala por medio de la justicia y las causas penales los males causados por el crimen y el narcotráfico.
