Víctor Ferrigno F.
Ayer sucedieron tres hechos relevantes, pues no es casual que dos de los principales ministros del país renuncien el mismo día: Gobernación y Relaciones Exteriores. Por causas que aún no afloran, estamos frente a una recomposición de fuerzas en el Gobierno, sindicado ayer de ser uno de los más corruptos de Latinoamérica por Transparencia Internacional. Es evidente que la mazorca se desgrana y se pudre.
La renuncia del ministro de Gobernación, Gendry Reyes, había sido demandada públicamente por el Procurador de los Derechos Humanos, por el Rector de la Universidad de San Carlos, y por múltiples organizaciones ciudadanas y de los Pueblos originarios, por reprimir legítimas manifestaciones populares y el derecho de libre expresión. El PDH, incluso, presentó y obtuvo un amparo para que la ciudadanía pudiera manifestarse, pero Reyes violentó la protección constitucional y arremetió con violencia excesiva, por lo que el Ombudsman requirió la debida ejecución del citado amparo.
De manera más discreta, la Embajada de EE.UU. también recomendó la salida de Reyes por sus presuntos nexos con el crimen organizado, lo que fue reforzado con su reciente matrimonio con la diputada Patricia Solórzano, cuyo exesposo fue condenado a 17 años de prisión por narcotráfico, su hermano es prófugo de la justicia, y su excuñado se encuentra en proceso de extradición.
Tan pronto Reyes anunció su dimisión, se supo que con su sustituto caímos de las llamas al brasero, pues el nuevo ministro de Gobernación será el exoficial David Napoleón Barrientos Girón, promovido en 2013 a General de Brigada por el general convicto Otto Pérez Molina. Barrientos fue subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, así como inspector general del Ejército, y sus habilidades represivas se le conocieron en 2015, cuando dirigió el componente militar que apoyó a las fuerzas de seguridad civil en el desarrollo del Estado de prevención en el municipio de San Juan Sacatepéquez.
La renuncia del canciller Brolo y su sustitución por el embajador Mario Búcaro Flores también dará que hablar. El nuevo canciller es hijo del militar Mario Adolfo Búcaro Chicas, de la Promoción 71, y sobrino del militar y abogado Yuri David Búcaro Chicas, de la Promoción 94. Pero lo más relevante es el papel clave que jugó en la trama para defenestrar a la CICIG, orquestada por el pacto de corruptos para cooptar al Estado.
Búcaro Flores es integrante del grupo de iglesias fundamentalistas que promovieron el lobby político en EE.UU. para apoyar la pretensión de Jimmy Morales de declarar non grato al Comisionado Iván Velázquez y echar a la CICIG. Para ello, se aliaron al lobby sionista en Washington, ofreciendo trasladar la embajada guatemalteca a Jerusalén, contraviniendo todos los acuerdos establecidos por la ONU en 1947, cuando se pactó la solución de los dos Estados: Israel y Palestina.
Al gobierno de Trump le ofrecieron que Guatemala se convertiría en “tercer país seguro”, para detener a los migrantes que fueran expulsados de EE.UU. con causas migratorias en curso. Se impulsaron los pactos y la CICIG pasó a ser una de las grandes oportunidades perdidas para construir un Estado de derecho, multinacional y democrático.
La segunda embajada que se abrió en Jerusalén después de EE.UU. fue la de Guatemala, con Mario Búcaro como embajador, retando a la comunidad internacional, y a la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, de 1967, después de la Guerra de los Seis Días, que reconoció los derechos territoriales palestinos.
El 23 de diciembre de 2016, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 2334, que se pronunció sobre los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, incluido Jerusalén Oriental, declarando que “no tiene validez legal”.
Todo este andamiaje político-institucional fue desafiado por Jimmy Morales y sus aliados, teniendo como punta de lanza a Mario Búcaro Flores, en su primera asignación como embajador, así que su fidelidad al pacto de corruptos debe ser muy alto. Ojalá no se le olvide que puede terminar como Dimas y Gestas.
