Nuevamente los usuarios del transporte se enfrentan al problema de una paralización del servicio dispuesta porque los proveedores rechazan la exigencia de un seguro que cubra los daños a terceros que puedan provocar los conductores de las unidades de las distintas formas de transporte público. Mientras una entidad que agrupa a varios transportistas expresa su aceptación al seguro obligatorio, todos los no agremiados hacen lo contrario y recurren no sólo al paro sino al bloqueo de importantes rutas para hacer sentir su resistencia.
No es nada nuevo que por intereses puramente gremiales se produzcan estas manifestaciones porque se ha demostrado que tienen su efecto en la mayoría de casos, puesto que las autoridades terminan cediendo ante las exigencias de los interesados. Lo vimos en el fin de semana cuando la simple amenaza de una movilización de un grupo de padres de familia hizo que los Ministerios de Educación y Salud dieran marcha atrás a las disposiciones sobre los colegios privados durante este rebrote del Covid-19 como producto de la variante ómicron que es causante de la mayoría de contagios actuales, de los cuales se espera un notable crecimiento de aquí a la mitad de febrero.
Lo mismo han logrado los exmilitares que a punta de fuego ablandaron el corazón de varios diputados, empezando por el expresidente del Congreso, quien promueve una ley para darles lo que pedían de manera violenta, lo que de milagro no ha alentado a los ciudadanos hartos de la corrupción a salir a la calle para exigir que cese el saqueo, porque está demostrado que cuando se muestra un aire con remolino las prepotentes autoridades reculan rápidamente.
En el tema del transporte se trata de una legislación que pretende proteger a los terceros que son víctimas de los percances provocados por ese servicio y que se traducen en tantas muertes. En prácticamente todo el mundo los conductores de cualquier tipo de automóvil tienen que tener seguro para cobertura de terceros, por lo menos, y ese requisito se debe comprobar en el momento de pagar los impuestos de circulación. Cuánto más debe existir en un país donde los conductores causantes de accidentes simplemente huyen del lugar sin que el dueño del vehículo quiera asumir siquiera la responsabilidad de proporcionar el nombre y los datos de ese piloto que se vuelve fantasma.
El seguro no resolverá el problema de la inseguridad vial porque hace falta presencia y acción de las mordelonas autoridades de tránsito para evitar excesos de velocidad y abusos. Pero por lo menos sirve para compensar en mínima parte el daño causado a tantos usuarios que son víctimas de la irresponsabilidad.
