No es extraño que un delincuente negocie con la autoridad antes de entregarse y generalmente lo hace ofreciendo toda la información a cambio de un trato menos riguroso. Ocurre en todos los Sistemas de Justicia y hasta existen procedimientos abreviados para quienes admiten la comisión de un crimen, sobre todo cuando están dispuestos a soltar toda la sopa. Pero lo que no es ni común ni correcto es que la negociación sea para encubrir a cómplices y que, precisamente por encubrirlos, el criminal pueda ser objeto de un trato benevolente, tanto como para evitar que el proceso siga en manos de un juez (o jueza, como en el caso que nos ocupa) que tenía toda la información que implicaba a los otros con los que se iba a repartir el gran pastel de millones de quetzales.
Con el Sistema de “Justicia” imperante en Guatemala no sólo es válido pensar mal para acertar sino que es obligado hacerlo porque lo extraordinario es cuando algún juez o fiscal hace su trabajo apegado a derecho. El caso del exministro de Comunicaciones de Jimmy Morales, quien ya había comprado la seguridad de seguir en el puesto con Giammattei gracias al tristemente todopoderoso financiamiento electoral ilícito, oportunidad que se cayó cuando desde afuera hicieron ver que ese paso sería fatal para el inicio del nuevo gobierno, parece sacado de Dinamarca, por aquel dicho de que algo huele muy mal.
Coincide la “voluntaria entrega” del exministro que se mantuvo prófugo con las acciones del Ministerio Público, concretamente de la FECI, para apartar del caso en el que está embarrado hasta la nuca José Luis Benito a la jueza Erika Aifán y todo ocurre justo en el tramo final del período de la Fiscal General, cuando Consuelo Porras se juega su futuro y hasta han asegurado dejar elementos flojos por aquello de que los decanos que tienen mayoría en la Comisión Postuladora decidieran, en un gesto de decencia y patriotismo, no incluirla en la lista y se pueda botar todo el proceso.
Repetimos que el hecho de que se llegue a acuerdos entre los entes encargados de la investigación criminal con los delincuentes no es algo extraordinario, no digamos terrible, porque ocurre en todos lados para acelerar y facilitar la administración de justicia. Pero cuando los acuerdos son para garantizar impunidad, como pareciera que se está poniendo de moda en Guatemala, a fin de dejar al margen a quienes están embarrados, por supuesto que la cosa cambia y se puede hablar de comportamientos ilegales de las mismas autoridades.
