Por: Lic. Luis Fernando Bermejo Quiñónez
@BermejoGt
lfernandobermejo@gmail.com
Teniendo países vecinos como Nicaragua y Honduras que han descendido en una espiral de autoritarismo y degradación democrática desde hace un tiempo, quería conversar con alguien que de primera mano me explicara los fenómenos que llevaron a dichas situaciones. Me preocupa el grado de degradación institucional que vive Guatemala y el crecimiento del autoritarismo en el país que está afectando su Estado de Derecho. Hace unos pocos días tuve la gran oportunidad de conversar con una persona que estuvo vinculado al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y que posteriormente se volvió opositor de Daniel Ortega y que ahora, como muchos opositores, se encuentra en el exilio. Por razones de peso me pidió no mencionar su nombre. En estas líneas trato de sintetizar, lo más fielmente posible, su versión de los hechos aunado a un poco de interpretación propia de los hechos con base en mis investigaciones, tratando de extraer las lecciones para Guatemala y los paralelos con el proceso que ha seguido dicho país.
Lo que me comentó mi interlocutor fue que Daniel Ortega fue un líder hábil que supo tempranamente después de la Revolución Sandinista tomar el control gradual del poder en el FSLN. Se adueñó del FSLN en parte porque sus líderes militares luego de la revolución se “desactivaron”, otros se retiraron y, por otro lado, supo usar el clientelismo y la unidad, disciplina y lealtad de los miembros del ejército sandinista para gradualmente ir tomando el control del FSLN como partido pero sin abandonar la violencia como recurso político. De la misma forma, usó la presencia de militantes sandinistas en el Poder Judicial y, en particular, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presionar a sus detractores y a opositores políticos para sus fines aviesos.
De particular importancia es tener en cuenta que en Nicaragua había una “dualidad de fuerzas políticas” que aglutinaban las fuerzas políticas, el “Sandinismo” y los “Anti-Sandinistas”. Parte de la tragedia de Nicaragua es que ese esquema dual de fuerzas políticas, por manipulaciones y acuerdos políticos a espalda del pueblo para generarse impunidad entre “caudillos” fue lo que llevó a la implosión de la democracia en Nicaragua. Así, mi entrevistado me comentó que luego de perder las elecciones de 1990 con Violeta Chamorro, Daniel Ortega se enfocó en fortalecer su fuerza dentro del FSLN. En las elecciones de 1996 que ganó Arnoldo Alemán del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el FSLN tuvo una presencia importante en la Asamblea Nacional (Congreso). Lo anterior le permitió que pudiera fiscalizar la administración de Alemán que fue notoriamente corrupta, al calcularse que su fortuna en su gobierno se acrecentó en $ 250 millones. Derivado de ello, sabiendo que el Poder Judicial estaba fuertemente controlado por el FSLN y por ello, para generarse impunidad, y a la misma vez, a su juicio, cimentar de mejor forma su figura de caudillo en su partido y posicionar mejor al PLC versus otros, pactó con Ortega una reforma constitucional nefasta que, posteriormente, permitió que se pudiera elegir el FSLN reiteradamente.
Daniel Ortega sabía que su base electoral rondaba alrededor del 35% del electorado en el 1996. Sin embargo, el FSLN tenía pocas posibilidades de obtener la mayoría absoluta en las elecciones presidenciales, y tampoco sería probable que el FSLN prevaleciera en una segunda vuelta contra un candidato unificado de la oposición. Ortega eliminó estas barreras al poder engatusando a cambio de impunidad y de ventajas políticas a Alemán. Los dos caudillos acordaron modificar la constitución para permitir que un voto del 35 por ciento decidiera una elección presidencial (siempre que el ganador tuviera al menos un margen del 5 por ciento sobre el subcampeón). Por lo tanto, si Ortega pudiera mantener su base de 35 a 40 por ciento, podría terminar primero y ganar, siempre que la oposición presentara dos o más candidatos competitivos, condiciones que se mantuvieron en 2006.
El acuerdo o “Pacto Alemán-Ortega” también preveía nombramientos partidistas para las principales instituciones de supervisión, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Corte Suprema, entre otras dependencias. Ortega usó astutamente su influencia en el sistema judicial para chantajear a Alemán, quien enfrentaba múltiples cargos de corrupción, para asignar cada vez más puestos de personal a los leales al FSLN; a cambio, los tribunales eventualmente redujeron drásticamente las sentencias de Alemán y le permitieron el lujo del arresto domiciliario.
Lo que no calculó Alemán es que la elección de su vicepresidente, Enrique Bolaños Geyer, como presidente en 2001 (sirvió de 2002-2007) en lugar de consolidar su poder sobre el PLC, profundizó su persecución penal porque Bolaños quería generarse autonomía política, y para ello, incluso se alió con el FSLN, para retirarle la inmunidad y procesarlo y para generarse gobernabilidad. Eso causó una ruptura en el PLC y en la oposición en sí, que, paradójicamente por como se reformó la Constitución luego del pacto Alemán-Ortega, básicamente aseguró debido a la fractura de la oposición que Ortega y el FSLN pudieran retomar el poder en las elecciones del 2006. De particular relevancia, fue que la oposición dentro del Sandinismo fue duramente afectada por la muerte sospechosa del principal rival de Ortega, Herty Lewites, cuatro meses antes de las elecciones del 2006. Su apuesta había funcionado. Había obtenido el Ejecutivo, tenía fuerte incidencia en el Consejo Supremo Electoral (CSE) y en las Altas Cortes, así como controlaba grandes partes de la Fiscalía. Su poder en el CSE a posteriori le permitiría a Ortega profundizar su poderío político a través de fraudes electorales, que en parte habían sido consecuencia de las reformas constitucionales convenidas en el “pacto” con Alemán.
El gobierno de Ortega asumió otros rasgos comunes de la democracia iliberal. Durante las elecciones municipales de 2008, el FSLN engordó sus márgenes de victoria a través del fraude electoral. Con el tiempo, Ortega se basó en sus bases de poder en expansión en el poder judicial y legislativo para permitir la reelección del presidente por fallo de la CSJ cooptada por su partido, lo que le permitió postularse nuevamente en 2011 y nuevamente en 2016. Él y sus asociados obtuvieron el control de una parte cada vez mayor de la televisión y las radios. Usó las instituciones estatales para hostigar a los opositores y descalificar a los partidos y políticos de la oposición. Vilipendiadas como agentes extranjeros, muchas organizaciones no gubernamentales lucharon por seguir operando bajo un riesgo cada vez mayor. Usó los recursos provistos por Venezuela a través del ALBA para generarle apoyos en la población pero también riqueza a su familia y a sus aliados, y particularmente, se generó la lealtad del Ejército y de la Policía reeligiendo a sus directores y permitiéndoles rienda suelta en sus cargos con fines de enriquecimiento personal.
Para 2011, la mayoría del FSLN había aumentado al 62 por ciento de los votos, llegando al 72 por ciento en la presidencial de 2016. Paradójicamente, incluso sin fraude electoral, Ortega probablemente habría ganado ambas contiendas. Gobernó sobre una política económica que combinaba un crecimiento macroeconómico estable con una variedad de programas sociales en gran medida financiados por los fondos de Venezuela que fueron en gran parte fuente de enriquecimiento personal, de su familia y de sus aliados.
En cuanto al rol del sector empresarial, Ortega solidificó un diálogo continuo con las principales organizaciones del sector privado, particularmente con el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP, el “CACIF” de dicho país), negociando de manera rutinaria acuerdos sobre todos los asuntos económicos importantes antes de presentarlos para su pronta aprobación por parte de la legislatura. El COSEP tenía que “bendecir” la legislación en materia económica. Aunque preferían que hubiere una oposición anti-sandinista fuerte, aceptaron el estado de cosas en aras de la “estabilidad” y para mantener el buen “clima de negocios” existiendo crecimiento año con año del 5%. El maridaje y conmixtión era muy “favorable” para el empresariado. Además, la cooptación de la Fiscalía y de las autoridades tributarias les hacía temer represalias de parte del régimen. Ortega también superó años de conflicto entre el FSLN y la jerarquía de la Iglesia Católica, accediendo a la legislación antiaborto y renovando sus votos matrimoniales en una ceremonia en la Catedral.
Sin embargo, en las elecciones del 2016 hubo un fraude descarado por el FSLN que incluso llevó a un debilitamiento aún mayor de la oposición y su presencia en el Congreso. El malestar comenzó a ser bastante fuerte ya que Venezuela ya no daba apoyo financiero batallando sus propias carestías y luego de una inconsulta reforma del sistema previsional en abril 2018 que generó mucho malestar, Ortega y su esposa reprimen la oposición de forma brutal. Luego en las elecciones 2021 recientes teniendo control absoluto del país criminalizó toda oposición política para no repetir “el error” de 1990 de permitir elecciones donde se sabía perdedor. Criminalizó candidatos de oposición, activistas, periodistas, e incluso a gran parte de la cúpula del COSEP con el que antes sostenían una estrecha alianza. Décadas de cooptación y acuerdos bajo la mesa habían llevado a Ortega a consolidar el poder en una dictadura no distinta a la de la familia Somoza que lo llevó a empuñar las armas. La democracia había muerto en Nicaragua.
¿Qué lecciones, diferencias y paralelos hay para Guatemala? Una clara diferencia es que en Guatemala no existe una “dualidad” de fuerzas políticas sino todo lo contrario. No hay un FSLN como en Nicaragua. Los partidos, con pocas excepciones, no tienen plataforma ideológica ni planes programáticos. No obstante ello, desde el 2018 para ahora, se ha tejido una alianza asombrosa, por indecorosa, en el que se unieron grupos tan disímiles como grupos gremiales (abogados), empresariales, militares y del crimen organizado que ha podido aglutinar el actual Presidente para controlar el sector judicial y el Ministerio Público y, en particular, para detener todos los casos de FECI/CICIG y la iniciación de nuevos. En particular, las revelaciones del caso Comisiones Paralelas 2020 comprometen a gran parte de esa alianza y desean detener todas las investigaciones del caso. Han logrado cooptar el poder judicial y el MP. No existe un partido con dominio total semejante al FSLN pero existe un entente entre los principales partidos que se llaman de “derecha” para generarse impunidad de casos de corrupción o de criminalidad organizada. Existe acoso a la Prensa, las reformas a la Ley de ONG´s apunta a un control y hostigamiento de dichas organizaciones. El MP está siendo usado para perseguir miembros de la Prensa incómodos e incluso persiguiendo fiscales y jueces que llevan casos iniciados por la misma. Se están dando la tarea de desbaratar todo caso relacionado con corrupción gubernamental. Existe un acuerdo tácito pero palpable con algunos sectores gremiales y económicos (pero no todos) que aún puede influir en las decisiones del Ejecutivo y que guarda silencio sobre la cooptación de la justicia y, en última instancia, apoya a la cuestionada Fiscal General que muchos ven como parte integral de la estrategia de cooptación. El Tribunal Supremo Electoral se sabe fue electo de forma partisana por cuotas de poder que posiblemente facilitará impedir candidaturas desfavorables al régimen y la Corte de Constitucionalidad fue integrada con figuras cuestionables leales al entente. En el MP quieren mantener sus “fichas” en orden. La única pieza aún no controlada por la alianza es la SAT, sin embargo, podemos prever en algún momento la intentarán cooptar como instrumento de presión para el que no esté “alineado.” Incluso se ha tratado de generar réditos políticos con las iglesias evangélicas y grupos religiosos promoviendo legislación que las protege y que abogan por los “valores tradicionales” y en contra del aborto de forma muy similar a la estrategia de Ortega.
En Guatemala existe un cuasi “Pacto Ortega/Alemán” para perpetuar el status quo, cooptar las instituciones de justicia y de persecución penal para generarle impunidad a muchísimos actores. El pacto no está elaborado para crear la elección de un caudillo, como Ortega, pero si para generar la continuidad del status quo e incluso, de forma similar a Nicaragua, han posicionado a leales en la CC para poder permitir la candidatura eventual de la garante del futuro aun existiendo prohibición constitucional. Existen diferencias y paralelos, pero quizá la lección más importante es que estos pactos rinden sus “frutos” por un tiempo, pero los efectos perniciosos, si no se presentan de inmediato, se manifiestan para los involucrados tarde o temprano causando a sus miembros aún más pérdida de poder que el que tenían en favor de sujetos o estructuras que se convierten en inmanejables. Deberíamos vernos en el espejo de Nicaragua. Muchos deben aprender del tránsito a la inviabilidad al que nos dirigimos. La apuesta debe ser por reconducir el rumbo para fortalecer el Estado de Derecho, la independencia judicial y la cuentadancia. No vamos por esa senda.
