Se ha abierto el proceso para la designación del Fiscal General de la República de Guatemala, decisión vital para el futuro del país y del Estado de Derecho, ese que nos coloca a todos con absoluta igualdad ante la ley y que así como garantiza derechos también establece obligaciones ineludibles. Según nuestra Constitución Política, los guatemaltecos podemos optar a empleos o cargos públicos sin más requisitos que “méritos de capacidad, idoneidad y honradez”, elementos que pueden decir mucho y pueden no decir nada porque tiene enorme importancia la interpretación y lo que cada quien entienda de cada uno de esos elementos.
En una forma laxa se puede pensar que es idóneo y capaz todo abogado y que se le considera honrado si no ha sido condenado por ningún acto de corrupción en respeto a la presunción de inocencia. Así es como la mayoría de postuladoras han evaluado a los aspirantes y la laxitud del criterio es lo que nos tiene como estamos. Sin embargo, los miembros de la Comisión Postuladora tienen obligación de CALIFICAR a cada aspirante de acuerdo a esos requisitos y es esa calificación la que debiera determinar quiénes son los que finalmente estén en la lista de la que Giammattei tendría que escoger a quién nombra.
Usemos el ejemplo de Consuelo Porras, quien sin duda estará entre los aspirantes porque ya es compadre hablado que es a quien Giammattei quiere en el cargo porque es garantía de que nunca permitirá que algún fiscal disponga realizar alguna investigación que le pueda afectar a él o a sus allegados y con el trato que le ha dado a Jimmy Morales demuestra que entre sus cualidades está el agradecimiento extremo, que sobrepasa absolutamente el cumplimiento de la ley.
Si nos referimos a la capacidad, empecemos por discutir seriamente el tema de su doctorado porque es un factor que la puede colocar arriba de otros contendientes que apenas si son licenciados. Hay una denuncia de plagio en la tesis que presentó para obtener el título de Doctora en Derecho y por lo tanto esclarecer ese detalle tan importante es crítico para determinar si su capacidad es en realidad superior desde el punto de vista académico. Una acción legal al respecto fue rechazada por las autoridades judiciales sin ningún trámite, simplemente porque es doña Consuelo, la misma que se reúne con el Presidente y la Presidenta de la CSJ para frenar investigaciones que afecten a Giammattei o al Centro de su Gobierno.
Idoneidad significa ser adecuado o apropiado para algo según el diccionario y depende qué esperemos del Ministerio Público para determinar si es idónea. En términos sencillos, como los que ella usa, si queremos un MP vigilante ella es la indicada. Si queremos una Fiscalía General que realmente se encargue de la persecución penal por parejo y, sobre todo, en temas de corrupción, la chaqueta le queda demasiado grande.
En el tema de la honestidad debemos entender que es diferente a la inocencia que debemos presumir. Recurriendo al amansaburros diré que implica ser “decente o decoroso, recatado, pudoroso, razonable, justo, probo, recto y honrado”. Me pregunto en cuál de esos conceptos cae el apachar investigaciones de un “amigo” y promover otras contra los “enemigos”, simplemente para citar dos ejemplos importantes que abren espacio al debate que deben tener los decanos postuladores a la hora de hacer el listado.
