Raúl Molina
Suelo escuchar que “la justicia es ciega”; pero, de 2015 para acá, de la mano de proxenetas de cuello blanco y título universitario, ha sufrido constante prostitución. A base de terror, coimas y maniobras, el Sistema Judicial es tomado por los personajes más inescrupulosos. Las personalidades honestas son apartadas y perseguidas con saña, y sus cargos, vía nombramientos directos o elecciones amañadas, son entregados a personas incapaces, serviles y sin ética alguna. Están para servir a quienes controlan los Poderes Ejecutivo y Legislativo y el sistema económico. La tenaza y trenza judicial se apoderó, con un grupo de maleantes, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyo mandato debió haber terminado hace muchos meses -sólo dos integrantes actúan con probidad y capacidad. ¿Qué ha impedido su renovación? Giammattei y el Congreso congelaron las postulaciones, porque la anterior Corte de Constitucionalidad (CC) había establecido criterios de postulación y elección que dejaban fuera a candidaturas con tacha. El proceso fue estancado hasta que fuese posible, con nueva CC, quitar todas las trabas y lograr una CSJ a imagen y semejanza de la actual, es decir, llena de corruptos. Es conocida la forma manipulada en que se configuró la nueva CC, transformada ahora, con Molina Barreto a la cabeza, en el candado que las mafias necesitaban para resolver a su favor todos los amparos y planteamientos de inconstitucionalidad. Por ejemplo, con toda desfachatez y arrogancia resuelven constantemente en contra de la jueza Aifán, cuando, nacional e internacionalmente, se reconoce que ella ha actuado con apego a la ley y con ética; privan los intereses del CACIF y del podrido sistema político, demostrando que, aunque afirmen su “independencia”, son lacayos del poder político y económico.
El descalabro del Ministerio Público (MP) ha sido acelerado y evidente, contribuyendo a que la justicia actúe patas arriba, con criminales juzgando a personas inocentes, siendo constante la presentación de “pruebas” no solamente falsas sino que absurdas. Ha hecho imposible que las personas inocentes se puedan defender legalmente y, al mismo tiempo, ha facilitado que personas con graves acusaciones por sectores probos del MP escapen a juicio y castigo. Esto ocurre con todo tipo de delitos, incluidos el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer; pero es más desfachatado en temas de corrupción. Hasta Sandra Torres, proscrita por el CACIF, ha logrado su tarjeta de beatitud por financiamiento ilícito de la UNE, al punto que se le ha devuelto la propiedad de su partido. El MP, bajo Consuelo Porras, es la tapadera de todos los errores, horrores y robos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Luego del autoincendio del Congreso, en noviembre de 2020, la Sra. Porras no concluye su investigación. Tampoco hace nada contra las huestes de veteranos militares que atacaron el Congreso para exigir una ilegal indemnización, que es una ofensa a las víctimas del Conflicto Armado Interno. Con esta situación, es evidente que la justicia en Guatemala sirve, bien pagada, a la kakistocracia, convirtiéndose así en meretriz de altos vuelos.
