José Roberto Alejos Cámbara
Al terminar las funciones de la Constituyente, se decidió aprobar un Decreto Ley que nos declaraba dignatarios de la Nación y en esta ley se nos dio la obligación de divulgar y defender la Constitución. Ya en la primera legislatura se decidió crear una asociación que se le denominó Asociación de Dignatarios de la Nación, la cual funcionó sin fondos de ninguna clase, menos manejar fondos públicos. Como constituyentes, al ser funcionarios públicos, ayudábamos en lo que podíamos a que la Constitución se divulgara y a defenderla por cualquier medio sin recibir nada a cambio por esta defensa.
Poco a poco, la Asociación fue bajándola en participación, llegando hasta como se menciona en los medios de comunicación “Los Dignatarios” actuales se han caracterizado por accionar en contra de operadores de justicia que han resuelto a favor de la lucha contra la corrupción.
En esta ocasión, la actual Junta Directiva y sus amigos cercanos, recibieron del Congreso de la República Q600,000 el 3 de noviembre de 2018, mediante un Convenio de Cooperación. A 37 meses de recibir el dinero del Congreso, la Contraloría General de Cuentas entregó los resultados de la auditoría especial que realizó. Y tal como se mencionó en ese medio de comunicación, los auditores Ariel Leovardo Mogollón Archila, Coordinador y Geberlin Osiel Vásquez Ardiano, Supervisor, fueron los responsables.
Qué fue lo que encontraron: deficiente calidad del gasto público; deficiente ejecución de fondos; deficiencia en la utilización de Guatecompras; pagos improcedentes de viáticos; pagos improcedentes de dietas; deficiencias en el libro de inventarios; pagos improcedentes en general; contratos suscritos con deficiencias, entre otros. Adicionalmente impusieron las siguientes sanciones económicas, cuatro por Q14,125.50; dos por Q7,062.75; una por Q54,847.40 y una por Q27,423.00, responsabilizando a 4 miembros de la Junta Directiva, de los cuales dos fallecieron antes de hacer público el informe y uno que no tuvo participación alguna.
En la sesión de una Comisión Pesquisidora, presidida por Mario Taracena, este servidor y Víctor Hugo Godoy, denunciamos el aporte que la Asociación habría recibido del Congreso a cambio de tramitar el antejuicio en contra de varios magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Personalmente, detallé que el antejuicio fue planteado por el exconstituyente Guillermo Pellecer, aunque no con el aval de todos los miembros de la ADN y que, en su momento, se hizo llegar una solicitud que buscaba una pensión vitalicia para los exconstituyentes de US$1,000 monto que la mayoría no aprobamos, como nunca aprobamos la donación que sí fue recibida.
La solicitud era originalmente tramitar diligencias de antejuicio para los Magistrados de la CC, Bonerge Mejía (+), Gloria Porras y José Francisco de Mata Vela, por otorgar un amparo provisional en contra de la decisión del expresidente Jimmy Morales de expulsar al Embajador de Suecia. La Comisión Pesquisidora recomendó no retirarle la inmunidad y remitió el informe a la Junta Directiva. Sin embargo, ésta nunca lo presentó para que se conociera en el pleno y mientras tanto, estos pocos exconstituyentes se despacharon Q43,000 por dar conferencias, Q7,651 en viáticos, y le pagaron a su abogado Q42,300, entre otros gastos, que para qué les voy a detallar. Quiero mejor explicarles qué debió hacer realmente la Contraloría; por qué pasan estas cosas, e insistir en que estos hechos justifican de sobra que impulsemos la reforma de la justicia. CONTINUARÁ.
