Víctor Ferrigno F.
El pasado lunes, mediante un gesto que le honra, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le ofreció asilo político al periodista Julian Assange, quien es víctima de una criminalización infame de los aparatos de justicia de Suecia, Reino Unido y EE.UU. y corre el riesgo inminente de ser extraditado a ese país, donde es plausible que le condenen a 175 años de prisión, por ejercer el periodismo y desvelar crímenes de lesa humanidad.
Inmediatamente, el Grupo de Puebla, la organización de líderes progresistas de América Latina, difundió a través de sus redes sociales un mensaje en que felicitaron “la iniciativa del Gobierno de México y el Presidente Andrés Manuel López Obrador de entregar asilo político al perseguido Julian Assange. Esperamos (que) esto se realice”.
El portal WikiLeaks, fundado y dirigido por Assange, se hizo mundialmente famoso luego de que, en 2010, la exanalista de inteligencia del Ejército de Estados Unidos, Chelsea Manning, entregara 700 mil documentos clasificados que fueron publicados por el portal.
El sitio web también develó secretos de países como Colombia, Kenia, Perú, Siria, Arabia Saudita, Rusia y Noruega, entre otros, publicitando crímenes de Estado, de los cuales hoy nadie habla, y permiten que maten al mensajero.
En abril de 2019, Julian Assange fue entregado a las autoridades británicas tras siete años de asilo en la Embajada de Ecuador en Londres, luego de que el expresidente Lenin Moreno lo privó de la nacionalidad ecuatoriana y lo expulsó de la legación diplomática, a pedido de EE.UU., en un acto de inaudito servilismo.
Inicialmente, la justicia londinense denegó la extradición de Assange a EE.UU., por razones de salud, no por las violaciones a su libertad de expresión. Los delitos por los que Assange es requerido en Estados Unidos sumarían una condena de más 175 años de cárcel; en total son 17 cargos, entre los que se cuentan conspiración para acceder a información confidencial y clasificada.
La situación política y legal del colega periodista es poco alentadora, pues si la Corte de Westminster deniega su extradición, el Gobierno británico puede concederla, por medio de la ministra del Interior, Priti Patel. Ya hay antecedentes en los que el Gobierno ha tomado decisiones políticas contrariando la justicia. A finales de 1998, el exdictador Augusto Pinochet no fue extraditado a España, donde era requerido por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales decidió que el exdictador chileno gozaba de inmunidad en su calidad de antiguo jefe de Estado y, por tanto, su detención era improcedente.
El caso de Julian Assange es una clara confrontación entre la prensa y el poder estatal, que mata, tortura y miente, y se reserva el derecho de perseguir a quien le desenmascare. Toda la humanidad debería indignarse e insurreccionarse contra tan atroz injusticia, pero aún somos pocos quien levantamos nuestra voz por la libertad de expresión.
El 11 de marzo de 1994, la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión, celebrada en México, D.F. adoptó la Declaración de Chapultepec, que contiene diez principios fundamentales, la cual es honrada por López Obrador, al ofrecerle asilo político a un periodista que se enfrenta al poder de la mayor potencia mundial.
Hace 28 años, en su expresión final, la Declaración de Chapultepec postuló un compromiso que todo demócrata debe defender: “La lucha por la libertad de expresión y de prensa, por cualquier medio, no es tarea de un día; es afán permanente. Se trata de una causa esencial para la democracia y la civilización en nuestro hemisferio. No sólo es baluarte y antídoto contra todo abuso de autoridad: es el aliento cívico de una sociedad. Defenderla día a día es honrar a nuestra historia y dominar nuestro destino”.
