Sergio Penagos
La ridícula y estúpida embestida legal en contra de los señores Óscar Clemente Marroquín y Pedro Pablo Marroquín, es un claro ejemplo de la táctica de guerra no convencional conocida como Lawfare, que persigue un objetivo político por medio del ejercicio de la violencia en un sentido muy amplio.
¿Qué es el Lawfare?
Es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Para ello combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa, buscando presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: lograr que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción.
La Guerra Irrestricta (Lawfare) corresponde a una propuesta definida por dos coroneles chinos, Qiao Liang y Wang Xiangsui, quienes plasman su pensamiento en un libro traducido al inglés como “Unrestricted Warfare – Thoughts on War and Strategy in a Global Era, que describe un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar”. En 2001 el concepto comienza a ser manejado en ámbitos diferentes a las Fuerzas Armadas Estadounidenses. USAID es uno de los principales proveedores de asesoría para la reforma de los aparatos jurídicos en América Latina, y el Departamento de Justicia estadounidense ha estrechado, en los últimos años, los vínculos con los aparatos judiciales de la región en la lucha anticorrupción. Para que una guerra sea considerada irrestricta debe regirse por el concepto operaciones de guerra no – militares, lo que, en definitiva, se ejerce por medio de la desinformación y el control de ciertas áreas sensibles para un país y su sociedad, aumentando el ejercicio de otros tipos de violencia política, económica, tecnológica y sobre el suministro de recursos estratégicos
Aspectos fundamentales del Lawfare
1) El rol del Poder Judicial: éste es convertido en un potente espacio desde donde desplegar, casi sin limitaciones, estrategias de desestabilización y persecución política, muy lejos del principio republicano del equilibrio de poderes. El PJ es el único que no deriva de la voluntad popular, sino de complejos mecanismos de designaciones políticas y compra de voluntades utilizando privilegios que los demás poderes no tienen. Esto le permite operar políticamente bajo un completo manto de institucionalidad, persiguiendo objetivos similares a los que otrora buscaban las Fuerzas Armadas: deslegitimar y perseguir figuras políticas populares opuestas a sus intereses. Para ello utilizan expertos, que manejan un lenguaje jurídico y se se jactan de no estar contaminados por la política.
2) Ajuste estructural y lucha anti-corrupción: El proceso de recorte del Estado y lo público, impulsado por las Instituciones Financieras Internacionales y organismos bilaterales estadounidenses, desde principios de los ’80 en América Latina, incluyó la reforma jurídica como parte de la batalla contra la ineficiencia del Estado. Se sostiene que la corrupción, en el Estado, debe ser extirpada apelando a las buenas prácticas del sector privado (eficiencia y transparencia) para desplazar la lógica de lo público, asociada al derroche y a la mala gestión de los políticos. Para ello se acude a la formación de técnicos apolíticos. La persecución judicial se ha exacerbado contra funcionarios de gobiernos anteriores, donde el Estado recuperó su protagonismo en materia económico-social, agrandando al Estado y revalorizando lo público.
Tres dinámicas y un actor clave que confluyen para construir el Lawfare:
- El momento político: el caso judicial se hace público en situaciones de alto costo político para las personas o grupos que se pretende desprestigiar.
- Reorganización del aparato judicial: las élites con el control del aparato del Estado colocan en espacios clave a abogados, jueces y fiscales vinculados al poder de turno, para atacar al adversario político y/o prevenir situaciones hostiles que puedan surgir.
- El doble rasero de la ley: si bien pueden salir a la luz varios casos de corrupción, se decide seguir de cerca a unos, invisibilizando o desestimando otros.
Medios de comunicación masivos y concentrados: operando como periodismo de guerra de modo transversal a estas dinámicas, manipulando la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar otros, a la vez, crean consentimiento en la sociedad sobre la corrupción como enfermedad del Estado y de lo público, a diferencia de las buenas prácticas y honestidad de lo privado.
Espero que este pequeño aporte nos ayude a comprender el largo alcance de una política de guerra no convencional, que se está desarrollando en nuestro país.
