Ramón Cadena
Mientras en Honduras y en Chile se empezó a recorrer el largo camino para terminar con el neoliberalismo, en Guatemala el Congreso de la República aprobó una ley que lo fortalece: se abrió el camino para la privatización de la construcción, reparación o mantenimiento de carreteras. ¡Vaya necedad la de nuestros legisladores y legisladoras! Los Pueblos hondureño y chileno nos demostraron con la unidad y articulación electoral, que están cansados de soportar los efectos nocivos del neoliberalismo y que hay que terminar con él. Mientras tanto, el Estado de Guatemala insistió que hay que mantenerlo vivo a fuerza de represión y Estados de Sitio y aprobando leyes obsoletas.
Ojalá que aprendamos la lección rápidamente. Es cierto que este aprendizaje no se da de la noche a la mañana. Sin embargo, debemos hacer un esfuerzo y correr, ya que el tiempo se hace añicos cada día y los derechos económicos, sociales y culturales siguen esperando que ese modelo económico excluyente, sea enterrado en Guatemala de una vez por todas en ceremonias populares como las que presenciamos el día domingo pasado, cuando escuchamos el discurso del nuevo presidente de Chile Gabriel Boric y a finales de noviembre, cuando escuchamos desde Honduras a la primera mujer electa como Presidenta de Honduras Xiomara Castro. ¡Felicitaciones a los Pueblos hondureño y chileno! Los grandes ganadores.
Sabemos que el neoliberalismo fue creado para vaciar las arcas del Estado y promover y aumentar actos de corrupción. Esto quedó comprobado después de décadas de sufrimiento. ¡Claro! Se privatizaron los derechos humanos imprescindibles para el bienestar de la gente (derecho a la educación o derecho de acceso a la energía eléctrica, por ejemplo) y luego los convirtieron mediante una ley en una mercancía, para que se pudiera lucrar con ellos. Paralelamente, se vendieron los activos del Estado y parte de ese dinero millonario, se quedó en los bolsillos de los funcionarios que se encargaron de gestionar el “negocio”. Eficiente fórmula matemática, que se olvida de la protección del ambiente, de la consulta a los Pueblos Indígenas, del derecho a la propiedad individual o colectiva, de la transparencia y de otros derechos básicos para el bienestar de la gente. Muchos casos de corrupción en Guatemala han confirmado la existencia de esta fórmula.
En Chile, Boric fue muy claro cuando ofreció su primer discurso el domingo por la noche, después de ganar los comicios electorales en su país: un servicio social es un derecho humano y no una mercancía. Por lo tanto, el Estado es el obligado a satisfacerlo; al concebirlo como mercancía, adquiere un precio que fija la ley de la oferta y demanda, que automáticamente excluye a muchas personas que no pueden pagarlo. Esta tesis la sostuvimos en la acción de inconstitucionalidad que presentamos la semana pasada, en contra de la Ley General de Electricidad que privatizó la producción, transmisión y venta de la energía eléctrica en 1996.
En contraposición con la actual corriente económica en Latinoamérica, el Congreso de la República volvió a emitir una ley en favor de la privatización y aprobó por medio del Decreto 18-2021 el Contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica del Proyecto denominado “Rehabilitación, Administración, Operación, Mantenimiento y Obras Complementarias de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje”.
Le entregó en bandeja de plata a la iniciativa privada, la posibilidad de administrar, operar y mantener la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje, así como la realización de obras complementarias. ¡Negocio redondo! El único que pierde es el pueblo que tendrá que pagar más, para viajar a Escuintla o al Puerto de San José, ya sea para hacer negocios o para divertirse con su familia.
En nombre de la libertad de empresa, con este decreto el Estado finalizó el andamiaje jurídico necesario para poder privatizar una actividad pública que le pertenece y pasarla al sector privado. Claro que al hacerlo perdió la posibilidad de obtener una buena cantidad de recursos económicos y de diseñar un presupuesto pensando en el bienestar de la gente, con suficientes recursos económicos; por el contrario, la iniciativa privada adquirió la posibilidad de seguir llenando sus bolsillos para bienestar propio. Se demostró una vez más, que el Estado de Guatemala está al servicio de la empresa privada y no de la población guatemalteca. Que no se nos olvide quien aprobó esta ley, para cuando tengamos que ejercer el voto dentro de dos años.
Con la aprobación del Decreto 18-2021 el Congreso de la República optó por seguir construyendo un país elitista: carretera para unos pocos; barro y lodo para las grandes mayorías. Mientras en Honduras a finales de noviembre y en Chile el domingo pasado, más del 50% votó a favor de terminar con el neoliberalismo, en Guatemala las autoridades insistieron en mantenerlo vigente y desarrollarlo por medio de dicha ley.
Con anterioridad se había aprobado el Decreto 16-2010 “Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica”, que abrió la posibilidad de privatizar los servicios públicos. Partió de una serie de mentiras, cuando predijo por ejemplo que esa modalidad de contratación, iba a proveer la infraestructura que Guatemala no tenía. Lo que en realidad hizo dicha ley, fue cuidar los intereses de una minoría. No nos engañemos: las alianzas estratégicas deberían ser principalmente entre el Estado y el pueblo, buscando siempre alcanzar el interés social. Por lo menos, así lo manda nuestra Constitución.
La Carta Magna de Guatemala, se redactó pensando en un Estado fuerte, con un papel rector en la economía; no es neoliberal. Eso está claro. He realizado una lectura integral de todo su texto. Contiene, eso sí, una serie de artículos que facilitan la implementación del Neoliberalismo y de los cuáles se han venido “colgando” las leyes ordinarias que promueven dicho modelo económico. Lo que las minorías en el poder han estado haciendo, es implementar el modelo neoliberal aún en contra de los enunciados económico-sociales de nuestra Constitución. Ahora que la Corte de Constitucionalidad ha sido cooptada, resulta mucho más fácil llevar adelante esta artimaña.
La Ley General de Electricidad (1996); la Ley General de Telecomunicaciones (1996); la Ley de Minería (1997); la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (2010) y la Ley de Áreas Protegidas (1989), constituyen cinco eslabones fundamentales de la cadena neoliberal. Todas estas leyes son inconstitucionales; todas desarrollan un régimen económico perverso que atenta en contra de los derechos humanos de la población; todas protegen los intereses de una minoría y todas provocan conflicto social. Por ello, para alcanzar la paz, todas tienen que ser derogadas cuanto antes. ¡Para nuestro bien, soplan vientos democráticos en el continente americano! Las elecciones en Honduras y en Chile nos devolvieron la esperanza de poder alcanzar uno más justo e incluyente, más igualitario y libre. Nada es eterno: la tumba del neoliberalismo retumba y espera impaciente
