Jonathan Menkos Zeissig
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El Banco de Guatemala ha anunciado que el 2021 cerrará siendo el año de mayor crecimiento económico de las últimas cuatro décadas, con un 7.5%. La atracción de inversión extranjera directa (IED) superará el récord de los últimos diez años con más de US$3,400 millones, según el Ministerio de Economía; mientras las estadísticas oficiales revelan que las remesas familiares superarán, al finalizar 2021, los US$15,000 que constituyen el mayor aceite para los engranajes de la economía. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadísticas calcula que la inflación interanual, al mes de noviembre es de apenas 2.89%, esto tras varios meses en los que los precios en general se vieron afectados por el incremento en los costos de transporte y combustibles.
Si todo esto es cierto, ¿por qué cada día hay más pobres e indigentes en las calles de Guatemala? ¿Por qué salen del país cientos de personas a buscar oportunidades económicas a otras latitudes, dispuestos a asumir riesgos incluso mortales? ¿Por qué las personas se quejan tanto cuando van al mercado y al supermercado porque les sobra mucho mes al final del suelo?
En contraste con las cifras tan optimistas, el ministro de Economía, ha sostenido públicamente estar en contra del incremento al salario mínimo, el que ronda entre los Q84.88 diarios, para actividades de exportación y maquila (área en la que entiendo se concentran los intereses personales del ministro) y los Q92.88 diarios para actividades no agrícolas. Por su parte el ministro de Trabajo propone establecer salarios regionales, para que, a partir de 2023, se pueda legalmente asfixiar un poco más a los trabajadores.
Releyendo la novela, 1984, de George Orwell, se encuentran muchos paralelismos sobre el tipo de gobierno que ostenta el poder en Guatemala. Por un lado, el Gobierno da noticias muy alentadoras sobre la situación económica del país, para después anunciarle a los ciudadanos que habrá que apretarse el cinturón y aguantar. El Gobierno de Guatemala, como el de la novela, reduce el lenguaje económico —bajo el principio que lo que no se dice, no puede pensarse— concentrándose en palabras como crecimiento económico, inflación, IED y remesas familiares y olvidando palabras tales como pleno empleo, seguridad social, salarios justos o redistribución de la riqueza, que la dotan de contenido político civilizatorio.
En su afán por evitar que la discusión rebase las palabras de su interés, han dejado de hacer y presentar estadísticas socioeconómicas en las que sería notorio el incremento de la pobreza, la precarización y la desigualdad. La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos data de 2019, antes de la pandemia; y qué decir de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida que fue realizada en 2014, recordándonos que esta forma de gobernar no es novedosa. Al contrario, es parte de un modelo de sociedad en el que pocos ganan y muchos pierden.
Solamente en 2020, hubo 750,000 nuevos pobres, de acuerdo a cifras del Banco Mundial, sumando 8.4 millones de personas; mientras 200,000 personas dejaron de considerarse “clase media” para engrosar las filas de los 6.7 millones de guatemaltecos que viven a un paso de caer en pobreza.
La economía de Guatemala es de mentiras: se basa en conocimientos económicos brutos y en datos oficiales sobre los que se debe desconfiar. Como su fin principal es que la oligarquía roñosa y sus mayordomos tengan más, no hay política económica de largo plazo, ni metas para modernizar el aparato productivo, generar más empleo y bienestar social, ni para proteger el ambiente. Se gobierna la economía caprichosamente, como si no hubiera mañana: destruyendo la naturaleza, ríos, montañas y a la mayoría de personas. El enojo y la frustración de las mayorías se alimenta aquí: en esta economía de mentiras.
