Por: Adrián Zapata
Los temas que constituyen la prioridad en la política de los Estados Unidos hacia Guatemala parecen ser los del narcotráfico y la migración “irregular”. Adicionalmente, está la presión por evitar el tránsito de las “democracias” a gobiernos autoritarios en la región (Centroamérica y América Latina).
Pero, lo más importante para los Estados Unidos, es que su “patrio trasero”, como consideran al “triángulo norte” centroamericano, particularmente a Guatemala, no pueden ser estados confiables para sus intereses de seguridad nacional si están cooptados por el narcotráfico internacional. Nuestra ubicación geográfica potencia esta situación.
Por otra parte, la migración “irregular” también es relevante para sus intereses. Es un tema de alta sensibilidad para el electorado de ese país. La magnitud del fenómeno vulnera su seguridad. Debe detenerse el flujo de migrantes.
Con relación a la presión para evitar gobiernos autoritarios en América Central, el objetivo es virtuoso, aunque absolutamente incoherente con lo que ha sido la nefasta histórica relación entre nuestro país y la política imperial de los Estados Unidos hacia América Latina. ¿Cuántas dictaduras militares no fueron engendros de los Estados Unidos? Sin embargo, no podemos quedarnos empantanados en la historia, aunque sin duda no hay que olvidarla. La realidad es que actualmente a los Estados Unidos no le son funcionales estados en Centroamérica gobernados por líderes autoritarios que se insubordinen a sus designios. De allí su preocupación por la “democracia”.
Ahora bien, esta comprensión sobre los intereses de la potencia imperial, por cierto en declive ante el auge de China, no puede cegarnos al punto de no apreciar como coyunturalmente afortunada la coincidencia entre los intereses de seguridad nacional de la potencia del norte y los correspondientes a nosotros, los guatemaltecos que pretendemos construir la democracia y el Estado de Derecho que la sustenta. La existencia de un gobierno serio en los Estados Unidos que tiene claridad estratégica sobre estos temas posibilita potenciar la coincidencia referida. Inclusive es meritorio que, en el tema de la migración “irregular”, la administración Biden/Harris comprenda la necesidad de abordar las causas estructurales que la provocan, aunque en sus proyectos para tal fin ignoren a profundidad la realidad nacional, particularmente la prevaleciente en los territorios rurales que son expulsores de migrantes. Me refiero a sobredimensionar el impacto que pueden tener las inversiones extranjeras para transformar las condiciones de rezago que caracteriza esos territorios.
Dicho lo anterior, es necesario considerar el riesgo que existe para que la coincidencia que estoy analizando pueda producir efectos positivos. Me refiero específicamente a que en un aberrante pragmatismo se produjera un acuerdo, implícito o explícito, entre el gobierno de Giammattei y el de los Estados Unidos, en el sentido de aislar los temas del narco y la migración, haciendo acuerdos específicos al respecto, de tal manera que el gobierno guatemalteco se comprometa a colaborar con la DEA en la lucha contra el narco (incluyendo la extradición) y que reprima la migración de centroamericanos hacia ese país, a cambio de mantener la cooptación del Estado por las redes político criminales. Pareciera que esa es la aspiración del presidente Giammattei, con el apoyo de dichas redes y de las cúpulas empresariales.
