Walter Juárez Estrada
La actual legislatura que de los dos años de este gobierno presidió el impresentable diputado por el distrito de Sololá, Allan Rodríguez, es y será responsable de la historia con sus grupos aliados de irresponsable y corruptos, al haber entrampado mañosamente la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y tribunales de segunda instancia, que han prolongado sus funciones por más de cinco años en clara violación a lo que estatuye la Constitución, y no cumplan con la sentencia de la séptima magistratura de la CC que ordenó en una acción de amparo que se declaró con lugar, que la elección de los altos jueces, fuera de viva voz y de voto razonado para evitar una sucia manipulación en el evento.
El Congreso finalizó su período de sesiones ordinarias y extraordinarias y será una comisión permanente que tendrá que sustanciar las acciones de urgencia nacional, si es el caso, por la crisis que está viviendo el país, ocasionada por la pandemia que ha causado la muerte de más de 15 mil guatemaltecos, y con más de medio millón de infectados. El 13 de octubre del 2019, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, cumplieron los cinco años que regula la constitución, sin embargo, por el sucio manipuleo en las comisiones de postulación que tuvo un manoseo político y la injerencia de personajes políticos de dudosa credibilidad, como Gustavo Alejos, los exrectores de la Usac, Stuardo Gálvez y Murphy Paiz, dieron al traste con esta elección que dio lugar a que el evento de elección se judicializara.
Es reprochable que los organismos del Estado con la complicidad por supuesto, del presidente Giammattei y ahora sus principales aliados como Sandra Torres, sean directamente culpables del descrédito de la justicia en Guatemala: que no es pronta ni cumplida como dice la carta magna y es aquí, donde el pueblo no debe ser un simple espectador y testigo de la debacle jurídica/política que está viviendo Guatemala, que nunca en la historia ha habido alguna referencia que los magistrados para administrar justicia, hayan prologado sus funciones más allá de lo que la norma constitucional regula, salvo por supuesto, en las dictaduras que hemos tenido y que no hay necesidad de mencionarlas porque son del conocimiento de la población.
La legislatura que presidió Rodríguez, con la complicidad de los grupos aliados para no cumplir con dicha elección, pusieron como pretexto las interpelaciones de ministros y eso ha sido una de las principales causas para empantanar la elección, que consideramos que el año que viene que es preelectoral, nos anticipamos a decir que no se realizará el evento y que pasaran 10 años los actuales magistrados de las cortes aferrados a sus despachos, siendo cómplices de esta debacle que ha recibido la repulsa internacional y que Estados Unidos, como un castigo tiene a Guatemala, en la mira al marginarla de eventos de trascendencia internacional, siendo este el primer paso de Biden que tiene presente para que en las elecciones próximas los nuevos dirigentes del país, reencausen en su camino por un sendero de democracia y prosperidad.
Si en Guatemala, supuestamente existe democracia, debe de haber justicia porque ese es precisamente el pilar de la democracia. Debemos anticiparnos a que ninguno de los actuales diputados y alcaldes se reelijan, porque así, Guatemala, seguirá siendo la misma cenicienta y el pueblo por supuesto, no puede ser coparticipe de estos desmanes pues en caso contrario, se exige al pueblo que tome las plazas públicas y que expulse del poder a los corruptos, y no nos debemos quedar callados.
