Por: Adrián Zapata
Ayer se celebró el Día del Periodista, pero debió llamarse día del periodista perseguido, tal como titulo la presente columna. Hay, en estos momentos, un caso emblemático al respecto. Me refiero a la persecución que sufre el connotado periodista Juan Luis Font.
Ejercer esta noble profesión siempre ha sido riesgoso. En Guatemala, durante todo el período contrainsurgente, cuando existieron las dictaduras militares, los periodistas que se atrevieron a cuestionar el “estatus quo” fueron asesinados. La manera de callarlos fue la muerte.
Con la transición democrática que encabezó Vinicio Cerezo, pero particularmente con la firma de los Acuerdos de Paz, tal situación dramática se modificó y, afortunadamente, esa dantesca práctica represiva se detuvo.
Pero eso no significó que los distintos gobiernos de turno hayan asumido una actitud de respeto a la prensa, especialmente a los periodistas que los cuestionan. Por esa razón, durante muchos años, los comunicadores sociales lucharon sin éxito para que el Estado guatemalteco creara un mecanismo de protección a periodistas. Ileana Alamilla, quien fuera Presidenta de la APG, lideró tal lucha, sin que se logrará el propósito perseguido, a pesar de los compromisos internacionales que al respecto había asumido Guatemala.
Con el gobierno actual, la intolerancia hacia los periodistas independientes se ha profundizado. Pero lo que subyace en esta conducta es la estrategia de criminalización de la crítica al gobierno, especialmente al Presidente de la República. El control que tienen las redes político criminales de la institucionalidad estatal, les permite perseguir a los periodistas de manera “legal”. Y tal es el caso del Juan Luis Font.
A la institucionalidad cooptada por las redes político criminales no le importa el costo político que tengan que pagar, nacional e internacionalmente, en esta cruzada para arrasar con quienes no se alineen. Están dispuestos a que no quede “piedra sobre piedra” de lo que fue la lucha contra la corrupción y la impunidad en todas las áreas (Ministerio Público, Organismo Judicial, SAT, policía nacional, etc.) en tiempos de la pulverizada CICIG. Y en esta cruzada convergen mafiosos, crimen organizado, políticos corruptos, empresarios acostumbrados a la impunidad y otros especímenes de esa ralea. Todos ellos, en uno u otro momento, han reclamado la politización de la justicia en esa época y lo selectivo de su actuar. Han señalado, como prueba de este sesgo, la fallida y, a mi juicio, desafortunada pretensión de la entonces Fiscal General, Thelma Aldana, de ser Presidenta de la República.
Por eso, toda esa convergencia de actores afectados por la lucha contra la corrupción y la impunidad ahora, desde el control de la institucionalidad, ejecutan el “revanchismo judicial”. Juan Luis Font ha sido escogido como un ejemplo de lo que le puede pasar a quienes insistan en ser críticos, en atreverse a retar al poder que ahora ejerce esa convergencia, que muchos denominan el “pacto de corruptos”.
Por eso, el objetivo de esta malignidad no es sólo Font. Son todos los periodistas que pretendan ser independientes y críticos, todos los liderazgos sociales que no se subordinen a esa convergencia maligna de mafias, crimen organizado, políticos corruptos y empresarios que insisten en tener la institucionalidad estatal a su servicio. La criminalización de las luchas sociales es la estrategia, Juan Luis Font es una víctima escogida para sembrar el temor que permita inhibir la oposición a dicha estrategia.
