La Asamblea Legislativa de El Salvador eligió el martes a seis magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Tres de ellos ocuparán magistraturas vacantes de la Sala de lo Constitucional y los demás en las salas restantes del alto tribunal.
La elección de los magistrados suplentes se produjo con el voto de 66 de los 84 diputados del Congreso unicameral. Entre quienes no apoyaron los nombramientos, unos alegaron que eran ilegales y otros apuntaron que no eran los candidatos idóneos para los puestos.
“No podemos ser parte de un proceso ilegal. No es un tema de la persona o los candidatos, es porque es un proceso que ya está viciado desde inicio”, declaró Johnny Wrigth Sol, el único diputado del partido conservador Nuestro Tiempo.
El 1 de mayo, después de instalarse la nueva Asamblea Legislativa dominada por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, se destituyó a los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional, así como al fiscal general. Y esa misma noche se eligió y tomó juramento a sus sucesores.
El jefe de bancada del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), René Portillo Cuadra, calificó ese proceso de “ilegal” y explicó que “no votamos cuando eligieron a los magistrados propietarios (…) y tampoco vamos a votar para elegir a magistrados suplentes”.
Otra de las contrarias a los nombramientos, Claudia Ortiz, del partido Vamos, señaló que su voto negativo se debió a que «es un proceso viciado que continúa el golpe de Estado que el oficialismo dio al Órgano Judicial el 1 de mayo”.
La destitución de los jueces tensó la relación entre El Salvador y Washington, y varios aliados de Bukele — incluida su jefa de gabinete — entraron en una lista de altos funcionarios centroamericanos a los que el Departamento de Estado estadounidense considera corruptos. Cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia también fueron incluidos en una lista de personas que socavan la democracia.
Más tarde, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) retiró su apoyo a cuatro instituciones del gobierno de Bukele y anunció que esos fondos se entregarían a grupos de la sociedad civil.
Y la principal representante diplomática estadounidense en el país, Jean Manes, anunció recientemente su marcha y señaló que las relaciones entre los dos países están en pausa porque el gobierno de Bukele “no está mostrando ningún tipo de interés” en mejorarlas.
