Sandra Xinico Batz
El miércoles pasado vimos actuar al Ministerio Público como pocas veces lo hace cuando se trata de los verdaderos criminales embaucadores, pero que cuando se trata de defensoras, defensores de derechos humanos es una práctica recurrente, tratarlas, tratarlos con una violencia simbólica que abiertamente busca enviar un mensaje a los pueblos, a las personas organizadas: “tengan miedo porque los estamos vigilando y ustedes pueden ser los siguientes”.
El miedo, el terror que se pretende infundir desde la criminalización es una avanzada del Ministerio Público para desmovilizar, para deshacer la organización, para impedir la movilización y protesta. Por supuesto, no es un miedo infundado, estamos hablando de un país en el que se ha cometido genocidio, en el que desaparecen diariamente a más de una persona, en donde se justifican los asesinatos y secuestros con un “de seguro estaba metido en algo”, un país donde las leyes y la institucionalidad se utilizan para perseguir y judicializar a quienes defienden el territorio, denuncian la injusticia y luchan por el bien común.
Tan solo en unas cuantas semanas hemos visto al Ministerio Público perseguir a periodistas comunitarios e independientes, hostigar y arrasar comunidades, desplegar a policías y al ejército para agredir a mujeres, personas ancianas, niñas y niños; el miércoles 24 de noviembre vimos cómo una gran cantidad de policías allanaron las viviendas y apresaron a Nanci Chiriz Sinto y a Juan Monroy Gómez por el supuesto delito de “depredación de bienes culturales” y posteriormente se apersonó voluntariamente para colaborar con la investigación Dulce Archila Cáceres, quien no fue hallada el día de las diligencias y quien tendrá audiencia hasta este lunes 29 de noviembre. Tres jóvenes con persecución penal por exigir sus derechos y por creer que este país puede ser diferente. A ellas, a él, les extiendo mi solidaridad y mi admiración.
Nanci Chiriz Sinto es una joven kaqchikel que ha luchado contra el racismo, el patriarcado y la desigualdad que impera en este país, es una mujer valiente y trabajadora que el 21 de noviembre de 2020 fue agredida por un grupo de antimotines, que con toda la fuerza atacó a la población, buscando deshacer la manifestación que ese día denunciaba la corrupción que carcome a este Estado colonial de violencia y muerte.
Juan Monroy es un joven estudiante universitario, artista y Dulce Archila es una joven de apenas 19 años, estudiante, que actualmente se encuentra detenida esperando su audiencia de primera declaración.
La criminalización ha sido una estrategia impulsada desde el Estado para amedrentar, inmovilizar e infundir terror, porque se sabe que las leyes pueden retorcerse para beneficiar a los criminales y para perjudicar a las personas que denuncian, que salen a las calles, que defienden a la naturaleza y sus territorios, que luchan para que esta realidad de injusticias cambie. El Ministerio Público se ha dedicado a perseguir a defensoras y defensores de derechos humanos, usa la institucionalidad para hostigarles y castigarles. El patrimonio antiguo de los pueblos diariamente es destruido con el beneplácito del Estado.
