Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Por ley en Guatemala las concesiones que se dan con un bien público para prestar un servicio y las Alianzas Público Privadas requieren aprobación del Congreso de la República.
Como el legislativo se ha convertido en el hemiciclo del negocio, muchos mega proyectos que requieren aprobación del tal órgano se quedan relegados o los actores intentan las maneras de “armarlos” sin que el legislativo meta las manos pero eso genera enormes vacíos legales que afectan la certeza que necesita el país, el inversionista y la gente.
Dadas las últimas situaciones, en especial desde el escándalo de TCQ (los españoles vinieron pidiendo concesión, pero la mordida lo “expeditó” todo y se fueron por un usufructo sin sustento legal para no pasar por el Congreso), varios proyectos han optado por la aprobación de la concesión/alianza pero se han venido topando con gente que son especialistas en mañas.
La autopista Escuintla – Puerto Quetzal se estrelló en el Congreso en el 2019 pues los diputados rechazaron el proyecto. Según han comentado fuentes legislativas los diputados “se pusieron muy chuchos en aquel entonces”.
En el 2020, luego de rechazar el proyecto, nada lentos ni perezosos los congresistas aprobaron un monto millonario para que contratistas rehicieran la carretera y el tiro era designar a los aliados de los diputados y el ministro de entonces, José Edmundo Lemus (hoy diputado y embarrado en el caso Insivumeh pero protegido de doña Consuelo Porras) para que llevaran a cabo el proyecto.
Se les vino la noche encima porque tuvieron que recular con el Presupuesto 2020 (famosa protesta del 21 de noviembre del año pasado por el que hace unos días hicieron un bochorno para tapar el ojo al macho) y por tanto se quedaron sin el millonario proyecto.
Y algo que aún no sabemos debe haber pasado porque el Pacto Oficialista no se interesa de las cosas de país solo porque sí. Hay quienes expresan que hubo acuerdos de alto nivel (no se sabe qué) y para que el Congreso consiga tantos votos es porque algo se habló entre el presidente Alejandro Giammattei y sus mandaderos en el Congreso.
No se saben detalles, pero la adición de Taxisco en los aportes para el desarrollo social que debe hacer el consorcio explica que algo pasó. Los adjudicados dicen que no pueden comentar mucho porque fue una decisión del Congreso y solo basta ver las firmitas que presentaron la enmienda adherida (Napoleón Rojas, Julio Lainfiesta, Allan Rodríguez, Shirley Rivera, Alejandro de León, Javier Hernández, Manuel Conde y Luis Contreras entre otros) para entender el juego.
Resulta que uno de los diputados que la promovió, Inés Castillo de la UNE de Sandra Torres, es primo del alcalde de Taxisco. Según explicó la Agencia Nacional para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE) en la iniciativa original el aporte social no incluía a Taxisco pues el tramo no colinda de manera directa con la autopista, pero los “nenecos” tenían que encontrar las maneras de sacar raja.
No puede ser que los grandes proyectos que el país necesita queden supeditados a los deseos de una bola de largos que no mucho aportan al desarrollo del país y que han llegado al Congreso (la mayoría) escondidos en listados cerrados que NO PREMIAN la capacidad, propuesta y méritos de los candidatos, si no la cantidad que pagan para ocupar casillas con chance de entrar.
No es que haya que evitar que los mega proyectos pasen por el Congreso, lo que debemos mejorar es la calidad de quiénes se sientan en esas curules porque es inconcebible que el futuro del país quede en manos de gente que anda pensando únicamente en sus propios beneficios.
Hay quienes se tiran a aguas rudas para dar pasos que puedan sacudir el sistema, pero saben que nada pasará en un Congreso que siempre anda viendo cómo saca sus tajadas, cueste lo que cueste.
Urgen reformas para que llegue mejor gente al Congreso.
