Filipinas solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) que aplace su investigación sobre crímenes contra la humanidad relacionados con la “guerra contra las drogas” del país, según anunció el martes el fiscal del tribunal.
La solicitud retrasará e incluso podría detener por completo la investigación que lleva en curso la CPI sobre la letal campaña policial del país.
En una carta dirigida al fiscal de la CPI, Karim Khan, fechada el 10 de noviembre, Filipinas argumenta que ya está investigando los crímenes y que, por tanto, el tribunal internacional no tiene jurisdicción.
“El tribunal sólo puede ejercer su jurisdicción cuando los sistemas jurídicos nacionales no lo hacen, lo que desde luego no es el caso de Filipinas”, señalaba la carta, que citaba las investigaciones nacionales.
Khan respondió que aunque su investigación, autorizada por los jueces del tribunal hace poco más de dos meses, deberá suspenderse temporalmente, su oficina “continuará con el análisis de la información que ya posee y de cualquier nueva información que pueda recibir de terceros”.
La CPI es un tribunal de última instancia para los casos que los países no quieren o no pueden procesar.
Según las normas del tribunal, un país puede solicitar el aplazamiento de una investigación si ya está investigando los delitos.
En un comunicado, Khan indicó que los países que solicitan un aplazamiento deben proporcionar pruebas de “medidas de investigación concretas y progresivas” contra los sospechosos o los presuntos actos que entran en la investigación de la CPI.
También dijo que solicitará a Filipinas “que proporcione información sustancial sobre las investigaciones y procedimientos” que menciona en su solicitud de aplazamiento.
El presidente filipino, Rodrigo Duterte, ha defendido la campaña por considerarla «legítima contra los jefes de la droga y los traficantes que durante muchos años han destruido a la generación actual, en especial a los jóvenes”.
Más de 6.000 sospechosos de narcotráfico, en su mayoría pobres, han sido asesinados, según declaraciones del gobierno, pero grupos de derechos humanos afirman que el número de muertos es considerablemente mayor y debe incluir muchos asesinatos no resueltos cometidos por pistoleros en motocicleta que podrían haber sido desplegados por la policía.
Duterte ha negado que condone las ejecuciones extrajudiciales de sospechosos de narcotráfico, aunque ha amenazado abiertamente a los sospechosos con la muerte y ha ordenado a la policía que dispare a los que se resistan peligrosamente a ser detenidos.
