El helicóptero fue localizado después de la captura de Mario Estrada en EE. UU., por vínculos con el narcotráfico. Foto: La Hora/Archivo

El Juzgado de Extinción de Dominio otorgó una prórroga de tres meses al Ministerio Público (MP), para continuar con la investigación sobre el helicóptero TG-MEO relacionado al excandidato presidencial del partido Unión del Cambio Nacional (UCN) Mario Estrada para determinar si el origen de este es ilegal.

El MP solicitó por segunda ocasión extender el plazo para realizar las pesquisas sobre la aeronave, tomando en cuenta que no se han concluido con los peritajes respectivos.

Por medio de la investigación realizada por esta unidad del MP se busca determinar si el origen de la aeronave es lícito o no, para que de esta forma se establezca si es viable solicitar la extinción de dominio sobre el helicóptero Tango Golfo – Mario Estrada Orellana.

 

ABOGADOS DE ESTRADA SOLICITARON LEVANTAR EMBARGO

El pasado 24 de abril, abogados defensores de Mario Estrada solicitaron al Juzgado de Extinción de Dominio que se levantara el embargo dictado sobre el helicóptero.

En esa oportunidad, el órgano jurisdiccional otorgó al MP la primera prórroga la cual fue de seis meses, para solicitar varias pruebas las cuales se pidieron a Estados Unidos para realizar los análisis correspondientes.

El helicóptero fue inmovilizado el 26 de abril de 2019 por el Ministerio MP, y entregada a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) para su resguardo.

 

El helicóptero fue localizado después de la captura de Estrada en EE. UU., por vínculos con el narcotráfico. Fue detenido el 17 de abril de 2019, por la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), luego de que investigaciones lo relacionaran con un plan para llevar droga hacia el país norteamericano, así como con una conspiración para asesinar a sus rivales políticos.

EE. UU. CONDENA A ESTRADA A 15 AÑOS DE PRISIÓN

El excandidato presidencial Mario Amílcar Estrada, fue condenado a 15 años de prisión por pedir entre US$ 10 y 12 millones a narcotraficantes para financiar su campaña electoral del 2019.

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