El 31 de octubre de 2020, un contingente conformado por aproximadamente dos mil agentes de la Policía Nacional Civil, realizó el desalojo de la comunidad q’eqchi’ de Chinebal, en El Estor, Izabal y durante este fue asesinado José Choc Chamán y varias personas resultaron heridas; durante el desalojo se utilizaron gases lacrimógenos y se dispararon armas de fuego en contra de la población que se vio forzada a huir a las montañas para resguardarse, denunciaron que sus pertenencias fueron robas y que desde el primer momento los policías ingresaron a la comunidad con violencia, el Ministerio Público negó que se hubiese realizado tal desalojo y aseguró que la muerte de José Choc Chamán se debió a un enfrentamiento entre pobladores y la PNC (información de Prensa Comunitaria).
El 16 de noviembre de 2021, cientos de policías realizan nuevamente un desalojo en Chinebal, esta vez las casas fueron destruidas con maquinaria y las pertenencias de las familias, junto con sus cosechas, fueron incendiadas. La policía se desvinculó de la quema y destrucción provocadas en la comunidad, refiriéndose despectivamente a las viviendas de las personas como “ranchos”, indicando que no fueron responsables de estas acciones, sin embargo, en videos circulados en internet, se puede observar que la policía no hizo nada para detener a las personas vestidas de civiles que frente a ellos destruyen la comunidad, es como si estratégicamente supieran como proceder para evitar ser responsabilizados de uso “desproporcionado” de la fuerza. Esto también puede estar relacionado con las múltiples denuncias de las comunitarias y los comunitarios, que han indicado que en los desalojos la PNC se hace acompañar por personal de la empresa extractiva NaturAceites, la cual es responsable del asedio y hostigamiento permanente que se mantiene en contra de las comunidades en la finca Chinebal.
Un mes y diez días antes, pobladores de Chinebal habían resistido a un intento de desalojo; según información de Prensa Comunitaria publicada ayer (19 de noviembre) en un artículo titulado “Horror y fuego en Chinebal, el desalojo que favoreció a los palmeros en El Estor”, el cual invito al público a leer, se indica que han sido once los intentos de desalojos en Chinebal en los últimos dos años.
El estado de sitio en El Estor fue decretado para beneficiar a las empresas extractivas, que tienen invadida la región. El Estado está implementando políticas de genocidio en contra de las comunidades de pueblos originarios que se resisten al extractivismo. En 2005 fue creado el Registro de Información Catastral (RIC), en seguimiento a los Acuerdos de Paz, este fue uno de los pocos acuerdos que sí se cumplieron, con esto inicia el catastro en Guatemala que no por “casualidad” empieza a implementarse por primera vez en el departamento de Izabal y más específicamente en El Estor. La certeza jurídica de la tierra en favor de los terratenientes, de las empresas extractivas, era fundamental para institucionalizar el despojo de tierras y hacer legal el desalojo de las comunidades; la criminalización también vino dentro de este paquete.
