El empresario colombiano Alex Saab, acusado de haber lavado cientos de millones de dólares provenientes de negocios corruptos con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, se declaró hoy inocente en un caso judicial que ha tensado aún más las relaciones entre Estados Unidos y la nación sudamericana.
«Formalmente presentamos una declaración de inocencia», dijo el abogado de Saab, Neil Schuster, luego de expresar que era el representante legal del «diplomático de la república bolivariana de Venezuela».
Fue la primera audiencia presencial del caso y la segunda comparecencia de Saab ante un tribunal estadounidense tras su reciente extradición de Cabo Verde. Pese a la autorización judicial para que fuera de acceso público, había muy pocos periodistas y público. Afuera del edificio quedó un pequeño grupo de jóvenes que gritaban su apoyo a Saab.
La fiscalía estadounidense acusa a Saab de haber amasado una fortuna de más de 350 millones de dólares tras haber pagado sobornos a funcionarios venezolanos y falsificado documentos para obtener contratos de construcción de viviendas económicas.
Como parte de un acuerdo con Cabo Verde para poder extraditarlo, Washington retiró siete de las ocho acusaciones que enfrentaba inicialmente, dejando sólo la de asociación ilícita para lavar dinero. De ser encontrado culpable podría enfrentar una condena máxima de 20 años de prisión.
La del lunes fue una breve audiencia de menos de cinco minutos en la que Saab no habló y permaneció parado junto a su defensor en un podio colocado frente a la jueza Alicia Otazo Reyes. Unos pasos más atrás lo escoltaban dos policías del servicio de alguaciles.
Vestido con pantalón y camisola beige de presidiario, Saab llegó a la sala del tribunal en ascensor junto a otros cinco presos. Llevaba esposas en sus muñecas y en sus tobillos y cubría su nariz y boca con una máscara, un requisito debido a la pandemia de coronavirus.
Saab lucía serio, con su cabello largo recogido hacia atrás.
La extradición de Saab desde Cabo Verde tensó aún el ambiente entre Estados Unidos y Venezuela, e interrumpió el diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana. Caracas había designado al colombiano como su representante diplomático en esas conversaciones en un intento por evitar su extradición.
Ahora sus abogados en Estados Unidos alegan que como diplomático tiene inmunidad.
La audiencia, la primera de este caso judicial en persona, tuvo lugar después que el juez Robert Scola rechazó un pedido de Saab para limitar la presencia del público y la prensa. En la primera audiencia, que fue virtual por Zoom, se conectaron más de 300 personas y la defensa del colombiano alega que varias de ellas transgredieron las leyes al tomar fotografías y videos que luego publicaron en las redes sociales. Por eso el acusado solicitó que el público sólo pudiera participar telefónicamente, lo que fue rechazado por el juez, que ordenó audiencias presenciales.
A los tribunales no se puede acceder con teléfonos ni dispositivos electrónicos, salvo abogados y personas autorizadas. Debido a la pandemia de coronavirus la gran mayoría de las audiencias se realizan de manera virtual.
Venezuela alega que Saab, a quien Estados Unidos considera un presunto testaferro de Maduro, era uno de sus diplomáticos en misión humanitaria camino a Irán cuando su avión fue detenido en Cabo Verde al parar para recargar combustible.
Pero documentos judiciales de otro caso indican que a pesar de haber sido presentado como un personaje leal a Maduro podría secretamente haber traicionado al gobierno de Venezuela durante años y se habría reunido con funcionarios estadounidenses antes de ser acusado en 2019.
Caracas considera a Saab un guardián de secretos de Estado y ha manifestado que cualquier intento de arrancarle una confesión podría comprometer la seguridad nacional del país.
No queda claro, sin embargo, qué tanto poder o influencia podría tener el gobierno de Maduro para impedir que Saab selle un acuerdo de culpabilidad con los fiscales a fin de obtener una sentencia más leve, a cambio de colaboración en las investigaciones.
El empresario aparece también involucrado en otro caso judicial relacionado con el pago de sobornos para obtener contratos de suministro de alimentos y medicinas del gobierno de Maduro. Al menos parte de esos alimentos provenían de México y luego eran enviados a Venezuela con sobreprecios.
