La Contraloría General de Cuentas (CGC) no ha proporcionado información a los diputados Andrea Villagrán del bloque Bienestar Nacional (BIEN) y Samuel Pérez de Semilla sobre la fiscalización de dos programas sociales de préstamos que otorgó el Estado a través del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) por la pandemia Covid-19.
Tras la investigación periodística de La Hora “Préstamos por Covid: CHN no quiere revelar a quiénes dieron los Q2,300 millones”, en el que se dio a conocer que a través de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) se requirió al CHN listado de beneficiarios del “Fondo de Crédito para Capital de Trabajo”, y que no fue proporcionado bajo la excusa del “secreto bancario”, se conoció de la petición de los diputados a la Contraloría.
CGC NO EMITE INFORME DE FISCALIZACIÓN DE DOS PROGRAMAS
El 2 de marzo los congresistas Andrea Villagrán y Samuel Pérez enviaron un oficio al contralor general de cuentas, Edwin Humberto Salazar Jerez, para solicitarle un informe de las auditorías sobre los dos programas sociales por el Covid-19 “Fondo de Crédito para Capital de Trabajo” y “Fondo de Protección de Capitales” a cargos del CHN, en el que se incluyeran los listados de beneficiarios.
Aunque la misiva la recibió la Contraloría el 3 de marzo, a la fecha no ha emitido una respuesta a la solicitud de los legisladores.
“El motivo de la presente es en relación a los programas: Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, Decreto 13-2020 y el Fondo de Protección de Capitales, Decreto 12-2020, aprobados por el Congreso de la República de Guatemala”, dice el oficio que emitieron los diputados requiriendo la información.
“En este sentido, solicitamos: (1) nos remita los informes circunstanciados que el Crédito Hipotecario Nacional -CHN- les envió para la fiscalización de los Fondos antes mencionados; que incluya el listado de beneficiarios, personas individuales o jurídicas, monto total del beneficio otorgado y la actividad económica de cada caso aprobado. (2) Así mismo, un informe circunstanciado de las acciones realizadas por la Contraloría General de Cuentas, hallazgos y resultados obtenidos en el ámbito de las funciones de fiscalización”, detalla.
CONTRALORÍA SIN DAR EXPLICACIONES
Por esta situación, se intentó obtener comunicación vía telefónica con la Asesora del Despacho Superior de la Contraloría, Mónica Monge, pero no respondió.
También se le envió mensajes por medio de WhatsApp preguntándole por qué razón no han proporcionado la información requerida por los congresistas, pero tampoco respondió.
PROGRAMAS SOCIALES SE HABILITARON POR COVID-19
El “Fondo de Protección de Capitales” se aprobó mediante el Decreto 12-2020 “Ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia Coronavirus Covid-19”, el cual estuvo a cargo del CHN y recibió una asignación de Q250 millones, financiados con deuda pública.
“Destinado para otorgar créditos a comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito”, dice la normativa.
De acuerdo con el tablero que se encuentra en la página web del Ministerio de Finanzas “Ejecución Programas Covid”, los fondos de dicho programa social se ejecutaron en su totalidad.
El “Fondo de Crédito para Capital de Trabajo” se autorizó en el Decreto 13-2020, “Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el Covid-19”, con el objeto de que se otorgaran préstamos con intereses blandos a personas individuales y jurídicas por medio del CHN.
Esta ayuda social se financió con bonos del tesoro -deuda pública-, la cual también se estableció en la referida ley.
Según el tablero, a ese fondo se le asignó Q2,730 millones, pero se ejecutaron Q2,300 millones, el equivalente al 84% de ejecución.
PDH RESOLVIÓ QUE ES INFORMACIÓN PÚBLICA
El CHN se ha excusado con la Ley de Bancos y Grupos Financieros para no revelar los listados de los beneficiarios de los préstamos Covid que habilitó el gobierno, por lo que catalogan esa información como “secreto bancario”.
La Hora a través de la LAIP solicitó al CHN la lista de beneficiados con el apoyo social “Fondo de Crédito para Capital de Trabajo” y la diputada Andrea Villagrán, en su función de fiscalización, requirió información de los beneficiarios del “Fondo de Protección de Capitales”, en ambos casos la entidad bancaria negó los listados, argumentando que son “secreto bancario”.
A petición de Villagrán, la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), por ser garante de la LAIP, emitió un dictamen técnico, en el que resolvió que el CHN debe hacer público los beneficiaros del “Fondo de Protección de Capitales”, ya que no le aplica el secreto bancario por tratarse de fondos del Estado.
Asimismo, abogados consultados por La Hora coincidieron con la resolución del PDH y explicaron que los beneficiados con el “Fondo de Crédito para Capital de Trabajo” es información pública y no secreto bancario.
Además, por una solicitud que realizó el diputado Samuel Pérez al CHN se pudo conocer que un diputado del Congreso de la República, un diputado del Parlamento Centroamericano, 13 alcaldes, un gobernador y un exviceministro recibieron los préstamos del “Fondo de Crédito para Capital de Trabajo”.
Sin embargo, la entidad no dio más detalles al respecto, por lo que se desconocen quiénes son y cuánto dinero solicitaron de los créditos administrados por el CHN.
