Amy Goodman y Denis Moynihan
La pandemia de COVID-19 está remitiendo lentamente en Estados Unidos —al menos entre las personas vacunadas—, pero otra epidemia letal continúa fuera de control: la muerte de personas de color a manos de la policía. Una base de datos en línea del periódico The Washington Post informa que 7.216 personas murieron a manos de la policía desde 2015, 914 de ellas en lo que va de 2021. Los afroestadounidenses tienen dos o tres veces más probabilidades que los blancos de morir a manos de efectivos policiales. Mientras tanto, día a día crecen con mayor fuerza los movimientos que exigen que los oficiales de policía violentos rindan cuentas de sus actos. Se han logrado algunos avances al respecto, como lo demuestra el desarrollo de los casos de Ahmaud Arbery, Roger Greene y Elijah McClain. Nada traerá a esas personas de vuelta, pero que los agentes responsables de esas muertes rindan cuentas por sus acciones puede prevenir futuras muertes a manos de la policía.
En su libro “The Condemnation of Blackness” (La condena de la negritud), el historiador y escritor Khalil Gibran Muhammad afirma: “Hay un hilo a lo largo de la Historia que conecta los linchamientos del pasado con las prácticas policiales de la actualidad”. El “Museo del legado: de la esclavitud al encarcelamiento masivo” ubicado en la ciudad de Montgomery, estado en Alabama, muestra de manera dolorosa y contundente cómo las prácticas de linchamiento fueron fundamentales para aterrorizar a la población afroestadounidense tras la abolición de la esclavitud.
La muerte violenta de Ahmaud Arbery, ocurrida el 23 de febrero de 2020, captada en video por uno de los perpetradores acusados, tiene todas las características de esos linchamientos de hace un siglo. Esa soleada tarde de domingo, en los suburbios de la localidad de Brunswick, en el estado de Georgia, Ahmaud se encontraba haciendo ejercicio cuando Gregory McMichael y su hijo Travis lo vieron pasar corriendo e inmediatamente tomaron sus armas y se lanzaron a perseguirlo en su camioneta. Un vecino llamado William “Roddie” Bryan se unió a la persecución en su propia camioneta y filmó el incidente con un teléfono celular.
El padre y el hijo afirman que estaban intentando hacer un “arresto ciudadano” de Ahmaud Arbery, quien se resistió a él con razón. Travis McMichael disparó dos veces su arma y le causó la muerte a Arbery. El mayor de los McMichael es un exoficial de policía del condado de Glynn que trabajó como investigador en la oficina de la fiscal Jackie Johnson, exfiscal de distrito del Circuito Judicial de Brunswick. Johnson fue recientemente imputada por haber ordenado a la policía que no arrestara a Travis McMichael y por direccionar el caso hacia un fiscal que ella sabía que iba a actuar de manera benigna con los acusados. Después de que el video filmado con el celular se hiciera público, fue un tercer fiscal quien finalmente presentó los cargos de asesinato contra los McMichael y Bryan. Este lunes comenzó la selección del jurado en el juicio contra los tres hombres acusados por la muerte de Arbery.
El 10 de mayo de 2019, oficiales de una unidad de la policía estatal de Luisiana conocida como “Tropa F”, tristemente célebre por sus prácticas violentas, participaron en una persecución a alta velocidad del automovilista afroestadounidense de 49 años Ronald Greene. Inicialmente, los oficiales informaron que Greene había muerto tras estrellarse contra un árbol. Más tarde dijeron que Greene se había enfrascado en una lucha con ellos y que había muerto camino al hospital.
Más de dos años después del incidente, la agencia de noticias Associated Press publicó imágenes impactantes de las cámaras corporales de los policías que muestran una realidad totalmente distinta a la reportada. “Oficial, tengo miedo. ¡Soy tu hermano! ¡Tengo miedo!”, suplica Greene mientras los policías estatales lo golpean brutalmente, le disparan con una pistola eléctrica y lo arrastran por el suelo mientras vociferan amenazas e insultos. Poco después, Greene estaba muerto.
En junio pasado ocurrió un hecho sumamente destacable: el policía estatal afroestadounidense Carl Cavalier acudió a la prensa y dio a conocer notas del agente de policía que investigó la muerte. Ese agente había recomendado que al menos uno de los policías involucrados fuera arrestado, pero luego los oficiales superiores de la policía estatal intervinieron para impedir que haya arrestos. El denunciante, Carl Cavalier, ha sido suspendido y, según algunos informes, ha sido despedido, aunque la policía estatal sostiene que todavía continúa en su cargo. En conversación con un canal de televisión de la ciudad de Baton Rouge, Cavalier afirmó: “En mi opinión, todavía tenemos asesinos en el trabajo”. Fiscales federales están investigando un posible encubrimiento de los hechos, en el que se sospecha que están involucrados altos mandos jerárquicos de dicha fuerza policial.
El 24 de agosto de 2019, el joven Elijah McClain fue arrestado violentamente por la policía en la ciudad de Aurora, estado de Colorado. McClain retornaba caminando a su casa luego de comprar algunas cosas en la tienda de la esquina cuando agentes de policía lo detuvieron de manera violenta. En pocos segundos, lo derribaron y lo inmovilizaron contra el suelo. El joven suplicó: “¡No puedo respirar! ¡Por favor! ¡No puedo respirar! Soy introvertido; soy diferente. No mato ni a una mosca. No como carne. Soy vegetariano”. El equipo de urgencias médicas que acudió al lugar le inyectó una excesiva dosis de ketamina, un poderoso sedante, que le provocó un ataque cardíaco. McClain nunca recuperó el conocimiento y murió pocos días después. Tenía 23 años de edad.
El caso de McClain pasó desapercibido hasta que irrumpieron las protestas que se desataron en los días posteriores al asesinato de George Floyd por parte de agentes de policía en mayo de 2020. Las protestas en reclamo de justicia racial eran cada vez más frecuentes y numerosas en Aurora, un suburbio de la ciudad de Denver. El gobernador de Colorado, Jared Polis, facultó al fiscal general del estado a investigar el caso de McClain y, en septiembre de 2021, tres oficiales de policía y dos paramédicos fueron imputados por homicidio involuntario, homicidio negligente criminal y agresión. Esta semana, la ciudad de Aurora llegó a un acuerdo con la familia McClain, del que no se revelaron detalles.
Estamos experimentando un cambio tectónico en la conciencia pública sobre la violencia generalizada de la policía, en especial la dirigida hacia jóvenes negros. También hay una creciente disposición a llevar a juicio a los policías involucrados en operativos violentos con desenlace fatal. Sin embargo, la Ley George Floyd de Justicia en la Vigilancia Policial no pudo ser aprobada en el Senado de Estados Unidos; y esta semana, dos veredictos de la Corte Suprema a favor de la doctrina de la “inmunidad calificada” han dificultado aún más la posibilidad de llevar a los policías a los tribunales. A pesar de la resistencia de estas poderosas instituciones de Estados Unidos, será la ciudadanía comprometida, tanto de personas documentadas como indocumentadas, la que pondrá fin a esta epidemia de muertes a manos de la policía.
