Venimos señalando desde hace varios días la forma en que se oculta información sobre la forma en que se manejaron fondos públicos que por Decreto del Congreso fueron creados para asistir a las empresas vía Protección de Capitales y Crédito para Capital de Trabajo, administrados por el Crédito Hipotecario Nacional como herramienta para facilitar la asignación de esos recursos a quienes por la pandemia estaban en momentos de necesidad. El CHN se escuda en la Ley de Bancos para no dar información de cómo se administraron esos recursos, argumentando el secreto bancario como elemento clave para no dar información, pero esos no fueron préstamos bancarios típicos, sino que el banco estatal fue designado por el Estado para administrar dinero público que se erogó por una emergencia como fue el inicio de la crisis por el COVID-19.
Está claro, según la Constitución de la República, que todos los fondos públicos están sujetos a fiscalización y todos los guatemaltecos tenemos el derecho de saber qué se hizo con el dinero producto de nuestros impuestos. Siendo el caso de un banco estatal, cuyas autoridades administrativas son nombradas por criterios políticos, y que se trata de fondos que no salen del movimiento natural de la banca sino de una erogación de emergencia hecha por disposición de dos Decretos Legislativos, hay que prevenir a toda costa que funcionarios o allegados a la gente con poder sea la beneficiaria de esos préstamos sobre los que tampoco se informa nada respecto al ritmo que lleva ya la recuperación de los mismos.
Un banco que presta dinero que los depositantes le confían puede acogerse totalmente a lo que establece la Ley de Bancos en cuanto al secreto bancario porque se trata de capitales privados que no están sujetos a más escrutinio que el de la Superintendencia de Bancos. Pero en este caso no es dinero de quienes ahorran o colocan sus fondos en el Crédito Hipotecario Nacional sino de más de 2,300 millones de quetzales que fueron puestos a disposición del banco para que pudiera dar asistencia y ayuda a la protección de capitales que estuvieran en riesgo por la pandemia, y para facilitar capital de trabajo a empresas que debido a la baja de la actividad económica se pudieran ver en problemas.
La resistencia a informar sobre el destino de esos fondos es totalmente injustificada por las razones apuntadas y en aras de la transparencia los ciudadanos tenemos todo el derecho de recibir información sobre cómo se distribuyeron esos millones y quiénes fueron los beneficiados.
