La orden de Joe Biden de que las empresas privadas grandes exijan la vacuna contra el COVID-19 a sus empleados enfrenta una feroz oposición de funcionarios estatales republicanos, que están impulsando leyes y firmando decretos que eximen a los trabajadores de vacunarse, amenazan a las firmas que acatan la orden y se preparan para librar batallas legales contra las medidas anunciadas el jueves.
Muchos funcionarios republicanos dicen que piensan radicar demandas a corto plazo, en la esperanza de que la orden sea anulada, diciendo que el gobierno no tiene autoridad para forzar las vacunas o las pruebas anti-COVID en el sector privado.
“Esta regla es pura basura”, afirmó el procurador general de Carolina del Sur Alan Wilson, un republicano, a través de un portavoz. “Es inconstitucional y lo resistiremos”.
Los estados se han venido preparando para este requisito desde que Biden lo anticipó en septiembre. Las medidas anunciadas el jueves exigen a las firmas de 100 o más empleados que estos se hayan vacunado para el 4 de enero o que se sometan a pruebas del COVID-19 semanalmente. No hacerlo podría conllevar multas de casi 14.000 dólares por infracción. Las autoridades federales dejaron abierta la posibilidad de exigir la vacuna también a las empresas de menos de 100 empleados.
Gobernadores o procuradores generales republicanos de Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Indiana, Iowa, Luisiana, Missouri, Montana y Dakota del Sur dijeron el jueves que cuestionarían la orden en los tribunales lo antes posible. El Daily Caller, una organización noticiosa conservadora, presentó una demanda el mismo jueves.
“Si bien estoy de acuerdo en que la vacuna es la herramienta que mejor nos protegerá contra el COVID-19, esta medida del gobierno federal no tiene precedentes y tendrá consecuencias perjudiciales, no buscadas, en la cadena de suministros y en la fuerza laboral”, expresó el gobernador de Indiana Eric Holcomb en un comunicado.
En una conferencia de prensa, el gobernador de la Florida Ron DeSantis criticó lo que describió como “un decreto” que le apunta al sector privado. La gobernadora de Iowa Kim Reynolds sostuvo que la orden es una imposición que viola la decisión personal y que la gente debería decidir por sí misma qué es lo mejor para su salud. Hace poco le dio su visto bueno a un proyecto por el cual toda persona que sea despedida por negarse a vacunarse puede acogerse al seguro de desempleo.
Al menos 19 estados gobernados por los republicanos ya han demandado al gobierno nacional en relación con otra orden por la que todos los empleados del estado nacional deben vacunarse.
Biden emitió un comunicado el jueves en el que niega que su orden de vacunarse perjudique las perspectivas de las empresas de retener a sus empleados.
“No ha habido ‘despidos masivos’ ni escasez de personal por el requisito de la vacuna”, manifestó. “A pesar de lo que algunos pronosticaron, y en lo que insisten falsamente, el requisito de la vacuna tiene amplio apoyo del público”.
El gobierno promueve la vacunación como la mejor forma de contener la pandemia.
Los 26 procuradores generales estatales republicanos han dicho que combatirán la orden de vacunarse y la mayoría firmaron una carta enviada a Biden informándole de sus intenciones.
Su argumento principal es que el gobieno no tiene autoridad legal para exigir vacunas o pruebas de COVID-19. El gobierno, por su parte, dice que hay precedentes legales que le permiten tomar medidas para velar por la seguridad de los trabajadores y que esas medidas tienen más peso que las leyes estatales.
