Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
La Constitución establece que no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que determine la ley, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados.
Para ese efecto claro, se establece un fuero especial pero si usted lee detenidamente, no es un fuero de impunidad porque quedamos sujetos a los que pueda resolver un tribunal de honor. Pese a ello, ha habido funcionarias que han recurrido al uso de la figura de violencia contra la mujer, lo que ha provocado una desvirtualización del delito.
Dicho todo lo anterior con el afán de determinar que no hay fuero especial, ni de impunidad, es necesario demandar que cualquier investigación que incluya a periodistas por hechos no relacionados al ejercicio de la libre expresión, deben ser como se deberían ser todas, es decir, objetivas, basadas en hechos demostrables y totalmente transparentes.
Se debe garantizar el derecho de defensa, como el de todos los ciudadanos, porque si las autoridades solo están buscando venganza, estamos ante una peligrosa situación que hoy puede afectar a quienes ejercen el periodismo de forma diaria, pero mañana alcanzará a todo aquel que no se “alinee” a los intereses del régimen.
Creo que en el gremio periodístico debemos ser cuidadosos para demandar investigaciones serias, no vengativas, que permitan conocer hechos, pruebas y que los acusados puedan defenderse y presentar sus pruebas de descargo. No puede haber venganzas y como tampoco tenemos fuero especial de impunidad, debemos asegurar que la sociedad sepa que nuestras acciones se enmarcan en el marco de la ley, tal y como le toca a todos los ciudadanos.
En la historia reciente de Guatemala, hemos visto cómo los gremios cierran filas y a veces queda la sensación equivocada como si la sola investigación de algo es prohibida. José Rubén Zamora, quien llegó a tener una amistad con la Fiscal General, asegura que se quieren vengar y será necesario que si hay investigación la misma sea objetiva en torno al Info IGSS, a si éste tuvo pauta o no y quién la habría cobrado, más allá de si ahora “la señora Fiscal” como le decía, está enojada con él.
Lo mismo en el caso de Juan Luis Font. Si el Ministerio Público (MP) quiere indagar algo en torno a su relación con Erick Archila (entiendo que Font se ha presentado varias veces con el ente investigador a responder preguntas y ha aportado sus pruebas de descargo) que lo haga de manera objetiva y no vengativa.
Cuando se dio el caso de los canales, los acuerdos de pauta con políticos y las pruebas que lo soportaban, no se sintió un ataque por el rol periodístico del canal y se inició el proceso para que los acusados se defendieran de toda una práctica que a la fecha sigue vigente. Los canales abiertos, son los favoritos de Consuelo Porras.
Si lo que se busca es atacar la credibilidad o acallar a quienes incomodan y para ello se reavivan investigaciones que quizá no tengan el sustento probatorio necesario, estamos frente al peligroso escenario de lo que ha ocurrido en Nicaragua y esa manera en la que el ente investigador se usa al antojo de Daniel Ortega.
En el país estamos a punto de iniciar el proceso para elegir Fiscal General; Consuelo Porras sabe que su salvavidas es la reelección y para lograrla necesita medallas que mostrarle a Alejandro Giammattei para que el Presidente “sienta” que ella es de “fiar”.
Si usted apoya procesos en contra de cualquier persona, por mal que le caiga y no le importa si estos no llegan a tener las pruebas suficientes, procesos objetivos de investigación, está transitando por una avenida peligrosa, alimentando una práctica ilegal que luego le aplicarán a cualquier ciudadano.
No hay fuero de impunidad y tampoco se pretende. Tampoco debe existir nunca un fuero de venganza que se apoye en el control que tienen de las instituciones.
