La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha llamado a respetar y garantizar la labor periodística conforme a los estándares internacionales de Derechos Humanos en Guatemala, donde se ha alertado de «ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas y medios de comunicación».
Según ha explicado la Relatoría en un comunicado, en las últimas semanas ha recibido «reiterados» reportes que advierten sobre el «deterioro de las garantías para ejercer el periodismo en Guatemala».
Entre ellos, un suceso del pasado 22 de octubre cuando al menos cuatro periodistas de Prensa Comunitaria habrían sido agredidos cuando informaban sobre las manifestaciones de la población Q’eqchi’ en el municipio de El Estor, en el departamento de Izabal.
«Además de las reportadas amenazas a periodistas para que se abstengan de grabar estos hechos, agentes policiales habrían utilizado gases lacrimógenos en contra de manifestantes y trabajadores de medios de comunicación, algunos de los cuales resultaron heridos», ha relatado la Relatoría. De acuerdo al Gobierno, las manifestaciones estarían obstaculizando rutas de acceso y lesionando los esfuerzos de diálogo.
Entre los afectados por estos hechos, estaría el periodista Carlos Ernesto Choc de Prensa Comunitaria, quien, según ha informado la Relatoría, habría sido «golpeado y despojado de sus equipos de trabajo», mientras el corresponsal del mismo medio Juan Bautista Xol «ha recibido diligencias de inspección y registro por parte de la Policía Nacional en su vivienda».
Según información de fuentes públicas este registro habría sido autorizado en relación con una «investigación judicial en curso» con la que tendría relación Bautista, quien ha cubierto «permanentemente» en las últimas semanas las manifestaciones.
La Relatoría también ha afirmado haber recibido información sobre «un alegado registro» a las instalaciones de la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a por parte de agentes policiales el 24 de octubre, luego de que se decretara un estado de sitio en el municipio de El Estor. Precisamente, este medio ha informado en las últimas semanas acerca de los reclamos de la comunidad maya Q’eqchi’ que se opone a la explotación minera, según la información de la que dispone el órgano de la CIDH.
RESTRICCIONES DE ACCESO
Por otra parte, la Relatoría ha detallado que ha recibido informes que alertan sobre «restricciones de acceso a la información y fuentes oficiales, intimidaciones y asedio a las residencias de comunicadores, provenientes tanto de funcionarios estatales como de personas vinculadas a la empresa minera».
En este contexto, organizaciones de la sociedad civil han denunciado a esta oficina un «creciente clima de temor en la prensa local», motivado por hechos como la «persecución penal, promovida por altos funcionarios, con fines intimidatorios» contra el periodista y presidente de ‘El Periódico’, José Rubén Zamora, el pasado 19 de octubre.
Según ha podido conocer la Relatoría, la Fiscalía habría confirmado la vigencia de una investigación que data de 2013, a cargo de la Fiscalía de Delitos Administrativos, a raíz de una denuncia presentada por auditoría interna del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
De este modo, la Relatoría llama a la «investigación imparcial y exhaustiva» de estos hechos, considerando «fundamental» que sean puestos en conocimiento de las autoridades competentes cuando así el ordenamiento interno lo requiera.
Asimismo, ha recordado a las autoridades guatemaltecas «que es deber de los Estados brindar a la prensa las más altas garantías para ejercer su labor de forma libre, segura e independiente», ya que son los periodistas quienes mantienen informada a la sociedad y contribuyen a la consolidación y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
«En contextos de manifestaciones y situaciones de alta conflictividad social, el trabajo de la prensa cobra especial relevancia, en tanto representa el principal instrumento de control y difusión del accionar del Estado y de la fuerza pública», ha agregado.
En este sentido, ha resaltado que los líderes políticos y autoridades «deben abstenerse de expresar ideas que estigmaticen la labor de periodistas», «aumenten su vulnerabilidad» o «pongan en riesgo sus derechos».
Por último, ha mostrado su disponibilidad para «brindar acompañamiento técnico» al Estado de Guatemala en el cumplimiento de su deber de respeto y garantía al derecho a la libertad de expresión y de prensa.
