El Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobaron un proyecto de ley que reduciría por la mitad la deuda del gobierno central, pero que también ha provocado protestas y ha dado lugar a encendidos intercambios entre los legisladores y la junta federal de control que supervisa las finanzas de la isla.
El proyecto de ley pretende poner fin un proceso similar a la bancarrota que comenzó después de que Puerto Rico anunciara en 2015 que no podía pagar su deuda pública de más de 70.000 millones de dólares que el gobierno acumuló tras décadas de malas gestiones, corrupción y préstamos excesivos.
En mayo de 2017, el gobierno presentó la mayor quiebra municipal en la historia de Estados Unidos.
El proyecto de ley le permitiría a Puerto Rico recortar su deuda en más de 30.000 millones de dólares, emitir nueva deuda por valor de 10.000 millones de dólares y conceder unos 7.000 millones de dólares en efectivo a los tenedores de bonos que no han cobrado en casi cinco años. Los críticos dicen que el gobierno de Puerto Rico no cuenta con las finanzas para cumplir con el pago del servicio de la deuda propuesto y advirtieron sobre próximas medidas de austeridad.
Pero el proyecto de ley –que pasó por una apretada votación de 14 a 13 en el Senado y posteriormente de 34 a 12 en la Cámara de Representantes– sigue en el limbo porque no cuenta con el apoyo de la junta, aunque el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, está a favor.
«Hoy dimos un paso adelante hacia el fin de la quiebra de nuestro gobierno y la salida de la Junta», tuiteó.
Uno de los mayores puntos de desacuerdo entre el gobierno de Puerto Rico y la junta fue una propuesta de recorte de algunas pensiones públicas. El gobierno se negó a aprobar un proyecto de ley que incluyera cualquier tipo de recorte de las pensiones públicas, mientras que la junta pretendía reducir en un 8,5% las pensiones superiores a 1.500 dólares mensuales, una medida que afectaría a unos 40 mil jubilados.
Algunos legisladores también exigieron que no se aplicaran recortes a la Universidad de Puerto Rico, la institución de educación pública más grande de la isla, ni a los 78 municipios de la isla.
Dos organizaciones que representan a los alcaldes en Puerto Rico advirtieron en un comunicado que algunos servicios en ciudades y localidades podrían recortarse como resultado de la iniciativa.
«Los municipios ya han realizado grandes sacrificios y ajustes presupuestarios para mantener sus servicios, algunos con reducciones de jornada y otros con despidos», agregaron los funcionarios.
La junta federal de control emitió un breve comunicado el martes por la noche, señalando únicamente que evaluaría cuidadosamente la medida, a pesar que previamente había indicado que no la aprobaría.
El estancamiento entre la junta y los legisladores amenaza con poner fin a casi cinco años de negociaciones con los tenedores de bonos como parte de un proceso parecido al de bancarrota que ha dejado ganancias por casi 1.000 millones de dólares para los abogados implicados. También podría dejar a la isla expuesta a litigios que quedaron suspendidos temporalmente como parte del proceso y obligar al gobierno a pagar a los tenedores de bonos.
Se prevé que ambas partes recurran a la mediación después de que la jueza federal en el caso, Laura Taylor Swain, advirtió el lunes que mantenía la audiencia de confirmación del plan para el 8 de noviembre y afirmó que «mi paciencia se está agotando».
El senador de Puerto Rico, José Antonio Vargas Vidot, señaló que lo más conveniente sería saltarse la iniciativa e irse directo a la mediación.
«A la jueza se le está acabando la paciencia y al pueblo también», apuntó.
