El gobierno estadounidense pidió hoy al Alto Tribunal británico que revoque la decisión de una jueza de que Julian Assange no debe ser enviado a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje, prometiendo que el fundador de WikiLeaks podrá cumplir con cualquier sentencia que le dicten en Australia, su país de origen.
Una jueza del tribunal inferior rechazó en enero la solicitud estadounidense de extradición de Assange por delitos de espionaje en torno a la publicación de documentos militares secretos hace una década por parte de WikiLeaks. La jueza de distrito, Vanessa Baraitser, rechazó la extradición por motivos de salud y dijo que probablemente Assange intentaría suicidarse si era retenido en condiciones duras en una prisión estadounidense.
James Lewis, un abogado del gobierno estadounidense, argumentó el miércoles que la jueza erró cuando falló que Assange corría riesgo de suicidarse debido a las condiciones opresivas. Las autoridades estadounidenses habían prometido que Assange no estaría detenido antes del juicio en una prisión de alta seguridad «Supermax» ni sería sujeto a condiciones de aislamiento estricto y, de ser condenado, podría cumplir su sentencia en Australia, añadió.
Las garantías «son vinculantes en Estados Unidos», dijo Lewis.
Las autoridades estadounidenses también argumentaron que Assange no llega al umbral de enfermedad para que no pueda evitar autolesionarse.
Assange «ni siquiera está cerca de una enfermedad de este nivel», señaló Lewis.
«Una vez que haya una garantía de atención médica adecuada, una vez que esté claro que será repatriado a Australia para cumplir con cualquier sentencia, entonces podemos decir con seguridad que la jueza de distrito no habría decidido esa cuestión relevante en la forma en que lo hizo», agregó Lewis.
El abogado de Assange, Edward Fitzgerald, dijo en una petición escrita que, de ser condenado, Australia no había acordado recibir a Assange. Incluso si lo hiciera, Fitzgerald dijo que el proceso legal estadounidense podría demorar décadas, «durante las cuales el señor Assange permanecerá detenido en aislamiento extremo en una prisión de Estados Unidos».
Acusó a los abogados estadounidenses de intentar «minimizar la severidad del desorden mental y riesgo de suicidio del señor Assange».
Varias decenas de partidarios de Assange protestaron ante la Corte Real de Justicia de Londres antes de la audiencia, con una duración programada de dos días.
Se esperaba que Assange, recluido en la prisión Belmarsh de alta seguridad en Londres, asistiera por videoconferencia, pero Fitzgerald indicó que le habían administrado una alta dosis de medicamento y «no se siente capaz de asistir al proceso».
En un video después se vio que aparentemente Assange escuchó la audiencia en todo momento. Sus abogados indicaron que ha experimentado una serie de problemas físicos y mentales a lo largo de los años. La pareja de Assange, Stella Moris, dijo afuera del tribunal que estaba «muy preocupada por la salud de Julian. Lo vi el sábado, está muy delgado».
Los dos jueces que instruyen la apelación -incluido el juez de mayor rango de Inglaterra, Ian Burnett- darán su veredicto varias semanas más tarde.
Es probable que ese tampoco sea el final de la batalla legal, ya que el bando perdedor podría buscar una apelación ante la Corte Suprema británica.
La fiscalía estadounidense presentó 17 cargos de espionaje y uno de delito informático contra Assange por la publicación en WikiLeaks de miles de documentos militares y diplomáticos filtrados. Los cargos conllevan una pena máxima de 175 años de prisión, aunque Lewis dijo que «la sentencia más larga jamás impuesta por este delito es de 63 meses».
Los fiscales estadounidenses acusan a Assange de ayudar de forma ilegal a la analista militar de inteligencia Chelsea Manning a robar despachos diplomáticos clasificados y archivos militares que WikiLeaks publicó más tarde. Los abogados de Assange afirmaron que actuaba como periodista y que tiene derecho a las protecciones de la libertad de expresión recogidas en la Primera Enmienda por publicar documentos que dejaron al descubierto malas prácticas del Ejército estadounidense en Irak y Afganistán.
En su fallo de enero, Baraitser rechazó los argumentos de la defensa de que Assange es víctima de una persecución estadounidense con motivos políticos que afectaría a las protecciones de libertad de expresión, y determinó que el sistema judicial estadounidense le ofrecería un juicio justo.
Assange, de 50 años, lleva en prisión desde que fue detenido en abril de 2019 por saltarse los términos de su libertad bajo fianza en otra batalla legal. Antes de eso pasó siete años escondido en la embajada ecuatoriana en Londres, a la que huyó en 2012 para evitar su extradición a Suecia, donde estaba acusado de violación y agresión sexual.
Suecia archivó las investigaciones por delitos sexuales en noviembre de 2019 porque había pasado demasiado tiempo, pero Assange sigue en prisión. La juez que bloqueó su extradición en enero ordenó que siguiera retenido mientras se instruía cualquier apelación estadounidense, ya que el reo «tiene un incentivo para fugarse» si es liberado.
Los partidarios de WikiLeaks dicen que las declaraciones de los testigos durante la vista de extradición, sobre que Assange fue espiado cuando estaba en la embajada por una firma española de seguridad a instancias de la CIA -e incluso de que se barajó secuestrarle o asesinarle-, socavan las afirmaciones estadounidenses de que recibirá un trato justo.
Moris, quien tiene dos hijos pequeños con Assange, dijo que es «totalmente impensable que los tribunales del Reino Unido estén de acuerdo» con la extradición.
«Espero que los tribunales pongan fin a esta pesadilla, que Julian pueda regresar pronto a casa y que prevalezca la sensatez», agregó.
