Víctor Ferrigno F.
En el Estor mataron a la democracia, o remataron lo poco que quedaba de ella. El pacto de corruptos logró el control del Organismo Ejecutivo, luego se apoderó del Congreso y, finalmente, cooptó al Ministerio Público, al Organismo Judicial y a la Corte de Constitucionalidad (CC). Todo ese andamiaje de instituciones corrompidas se volcó contra el Pueblo q’eqchi´, para favorecer a una empresa suiza, con capital ruso, aun desobedeciendo un resolución judicial de la anterior CC, que buscaba restituir el derecho de ese Pueblo originario a una consulta libre, informada y previa (CLIP).
Todo el andamiaje democrático republicano y la legitimidad del poder público, se cimentan en el ejercicio del poder soberano, entendido como aquel que no reconoce sobre sí a ningún otro poder. Tal acepción está contenida en el artículo 141 de la Constitución Política de la República de Guatemala –CPRG-, en el cual se establece que la soberanía radica en el pueblo “quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.
Los funcionarios y dignatarios de elección popular son depositarios de una cuota temporal y limitada del poder soberano. Cuando deben tomar decisiones que, por su trascendencia, exceden su mandato, deben someterlas a consulta para que el Pueblo, como titular del poder soberano, las apruebe o impruebe. Tal el caso de las licencias mineras.
Cuando los ciudadanos emiten el voto o responden a una consulta ejercen su mayor poder -el poder soberano- y ejercen el principal de sus derechos –el de libre determinación- del cual derivan todos los demás. Es por ello que toda consulta legalmente establecida es, por definición, de carácter vinculante. Pretender ignorar el carácter vinculante de este tipo de consultas equivale a negar la esencia de la democracia y la necesaria legitimación del ejercicio del poder público.
El derecho de los Pueblos indígenas a ser consultados por el Estado constituye una forma de ejercer un derecho superior: el de libre determinación, sin el cual no hay democracia, ni legalidad institucional, ni legitimidad del poder público. Este es el andamiaje republicano que destruyeron en El Estor, con desfachatez, amparados en fraudes de ley.
En 1971, el mandatario Carlos Arana Osorio, el chacal de oriente, otorgó 385 kms cuadrados a la empresa minera canadiense Exmibal, provocando alzamientos de las comunidades q’eqchis´ que fueron despojadas militarmente de su territorio ancestral. Las licencias caducan en 2005, y al año siguiente Oscar Berger las renueva sin realizar la CLIP, estando ya vigente el Convenio 169 de la OIT. En 2011 los derechos mineros espurios son adquiridos por la empresa suiza Solway Investment Group, con capital ruso, ese ente corruptor que regala alfombras mágicas repletas de dinero, a cambio de prebendas.
Las comunidades q’eqchis se inconforman, promueven un litigio estratégico, y en 2019 la CC falla a su favor, estableciendo que se suspendan las operaciones mineras, hasta que se realice la CLIP. Este año, con el apoyo de Giammattei, la minera sigue operando, ignorando la sentencia de la CC, por lo que, en las últimas tres semanas, los comunitarios bloquean el paso de camiones y exigen la debida ejecución de la sentencia.
El gobierno responde con represión, establece Estado de Sitio el domingo pasado, y al día siguiente el Congreso lo ratifica, con mayoría simple, contraviniendo a la Carta Magna. Se suspenden varias garantías constitucionales, y se reprime la libertad de expresión en el área, derecho que ninguna ley puede limitar.
Carecemos de un gobierno de leyes, la justicia no funciona, la prensa está amordazada, y la democracia es una pantomima, vacía de contenido.
¿Qué nos queda? Invocar el artículo 45 constitucional, que establece que “es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”. La nueva Carta Magna se escribirá en la calle, en las barricadas, con tinta sangre, porque no volveremos a ser siervos ni esclavos.
