Fernando Mollinedo C.
Disentir se volvió un supuesto delito que las huestes oficialistas castigan de oficio. Llama la atención el afán con que señalan, como se acostumbra en las administraciones gubernamentales en este país, y estigmatizan desde el poder a los científicos sociales, periodistas, líderes campesinos e incluso a líderes religiosos quienes, haciendo uso de su derecho a ejercer la libre emisión de pensamiento contemplada en la Constitución Política de la República de Guatemala, denuncian los desmanes de algunos funcionarios de gobierno.
Ellos, los funcionarios, consideran la idea que, el no estar de acuerdo con las conductas oficiales dejó de ser un acto de libertad para convertirse en un intento de boicot al gobierno. ¿Acaso hay corruptos buenos y corruptos malos? El combate a la corrupción e impunidad no debe discriminar a quienes cometen actos ilegales lesivos al erario nacional o la impartición de justicia, pues afectan a la sociedad.
Al poner sobre la mesa las supuestas acciones contra la corrupción, que dicen tener y hacer los organismos del Estado con las que tanto se llenan la boca, veremos que son casi nulas o favorecedoras a los imputados. El combate a la corrupción debe ser sin importar el bando político al que pertenezcan; aplicar la justicia de forma legal, sin favoritismos, gobernar para todos como lo estipula la Constitución Política de la República de Guatemala; esa debería ser la ruta, aunque tristemente el país vive otra realidad.
Ningún juez en su sano juicio podría naturalmente, siempre cuidando de la presunción de inocencia, estar en contra de castigar a los delincuentes de cuello blanco que amparados en el poder pasajero que ostentan, disponen de los bienes nacionales como que fueran sus legítimos propietarios y dilapidarlos en la compra de bienes superfluos, mantenimiento de prostitutas (edecanes) y amantes, entre otras actividades.
La enorme lista de funcionarios y empleados públicos etiquetados por sus acciones ilícitas denunciadas los cataloga con moral acomodaticia con que fueron amaestrados en sus hogares (sí es que los tuvieron) aunque usen trajes Armani y zapatos de cuero de lagarto, pues actúan como lo que son: vulgares ladrones sin valores éticos y sociales que desvirtúan el propósito de servir a la sociedad con principios y espíritu de servicio.
El ciudadano que desea prosperar, superarse, invertir y crecer se debe enfrentar al mercado de las extorsiones, la traumática corrupción burocrática oficial a todo nivel, además, la empatía de los gobernantes con sus amos y patrones de los sectores empresariales, el defectuoso manejo de la pandemia, la inobservancia del cumplimiento de la ley, la imparable delincuencia: común, organizada, desorganizada e institucional les neutraliza toda iniciativa positiva.
La confianza que los votantes tuvieron en el Presidente por considerarlo un estadista competente para resolver los problemas sociales, económicos y de seguridad, se sienten decepcionados pues creyeron en su palabra: que haría cosas distintas y no permitiría, supuestamente, que los grandes males del país se recrudecieran.
