El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, dijo ayer que el despliegue de soldados en la selva amazónica ha terminado, a pocas semanas de que se realice la conferencia mundial sobre el clima en la que el gobierno de la nación sudamericana pretende mostrar su compromiso para frenar la deforestación ilegal.
Cerca de 3.000 soldados han estado en la Amazonia durante algo más de tres meses, trabajando para evitar la deforestación y los incendios provocados por el hombre. Es el tercer despliegue militar de este tipo durante el gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Fue derivado de un decreto firmado a finales de junio y ya fue prorrogado una vez. Esa prórroga terminó el viernes.
Mourão, que coordina el Consejo de la Amazonia —una entidad gubernamental_, dijo que el gobierno decidió poner fin al programa porque las autoridades ambientales tienen de nuevo la capacidad de llevar a cabo la supervisión.
«Los organismos ambientales tienen ahora más gente capaz de trabajar», dijo, alegando que la pandemia obstaculizó su capacidad de patrullaje y citando la reciente propuesta de ampliación del presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente. «Se acordó que las fuerzas armadas seguirán proporcionando apoyo logístico e inteligencia».
El aumento del presupuesto para 2022 aún debe ser aprobado por el Congreso. Este año, el presupuesto de dicho ministerio fue el menor en 13 años.
Desde que asumió el cargo, el gobierno de Bolsonaro ha debilitado a las autoridades ambientales mediante el recorte de fondos y castigando a los empleados que lanzan críticas abiertas. Recientemente ha tratado de demostrar un mayor compromiso ambiental ante los reproches del gobierno de Estados Unidos y de inversores institucionales.
Su gobierno desplegó soldados por primera vez en 2019, cuando la destrucción de la Amazonia provocó indignación mundial. Los ecologistas y los especialistas han señalado que el uso de militares es ineficaz para la preservación. Una investigación de The Associated Press el año pasado llegó a la misma conclusión.
Poner soldados en el terreno puede ser útil, y lo ha sido en el pasado, pero sólo cuando se vincula a una estrategia integral para disminuir la deforestación en conjunto con otras autoridades ambientales, según Márcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, una red de grupos ambientales sin fines de lucro.
«La aplicación de la ley sigue teniendo números bajos; el cobro de multas ambientales sigue paralizado», dijo Astrini.
Sin embargo, se ha producido un descenso significativo en el número de incendios en la Amazonia en los últimos tres meses en comparación con el mismo periodo de 2020. Astrini dijo que la mejora de las cifras se produce a pesar de los esfuerzos del gobierno, no a causa de ellos.
En la Asamblea General de la ONU del mes pasado, Bolsonaro atribuyó a los esfuerzos de su gobierno la caída de las alertas de deforestación en la Amazonia durante agosto, que se dio tras un descenso interanual en julio. En septiembre fueron ligeramente superiores en comparación con el mismo mes de 2020.
