Los norcoreanos que viven bajo estrictas restricciones por la pandemia enfrentan una creciente crisis alimentaria, y los niños y ancianos más vulnerables en la aislada nación asiática corren peligro de morir de hambre, advirtió un investigador de la ONU en un informe difundido ayer.
El abogado argentino Tomás Ojea Quintana, relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, señaló en el documento dirigido a la Asamblea General de la ONU que aparentemente el sector agrícola norcoreano enfrenta diversos desafíos debido a una caída en las importaciones de fertilizantes y otros insumos agrícolas provenientes de la vecina China, las secuelas de las sanciones internacionales y de la ONU por su programa nuclear, y un brote de peste porcina africana.
Señaló que las medidas prolongadas y estrictas adoptadas desde enero de 2020 debido a la pandemia de COVID-19 han resultado en «severas penurias económicas y mayor vulnerabilidad a las violaciones de los derechos humanos entre la población en general». Las medidas incluyen cierres fronterizos totales, restricciones a los viajes entre ciudades y regiones, y restricciones a las importaciones de suministros no esenciales, incluidos artículos humanitarios.
Antes de la pandemia, señaló Ojea Quintana, más del 40% de los norcoreanos tenían «inseguridad alimentaria» y muchos sufrían desnutrición y atrofia en el crecimiento. La cifra se ha incrementado, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), dijo Ojea Quintana, haciendo notar los aumentos de precios del arroz y el maíz en diversas regiones en junio y las medidas de emergencia del gobierno.
Corea del Norte indicó el lunes que su gobernante Kim Jong Un hizo un llamado a funcionarios a que superen la «situación sombría» y las «dificultades sin precedentes» que enfrenta el país e intensifiquen sus acciones para mejorar la alimentación y las condiciones de vida del pueblo. Según la prensa estatal, en su discurso con motivo del 76mo aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores, Kim ratificó la determinación del partido de llevar a cabo un plan quinquenal para impulsar «la economía nacional y resolver los problemas de alimentos, vestido y vivienda del pueblo».
En su informe final como relator, Ojea Quintana exhortó al Consejo de Seguridad a que sopese levantar las sanciones «que afectan negativamente la asistencia humanitaria y los derechos humanos, incluyendo bajo la pandemia de COVID-19».
