GUATEMALA
Agencia CERIGUA
De acuerdo con un estudio presentado esta mañana por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASÍES), una de las principales problemáticas de estos organismos es el presupuesto, debido a que dependen de las asignaciones de los ministerios o entidades descentralizadas, así como de las donaciones de la cooperación internacional, fondos que no garantizan su óptimo funcionamiento.
El informe resalta que de estas instituciones, únicamente cuatro cuentan con el respaldo de un decreto legislativo, que garantiza su estabilidad y permanencia, mientras el resto fueron creadas a partir de un decreto gubernativo o ministerial, con lo cual pueden ser derogados o modificados por el Presidente y el gabinete de gobierno.
En tanto de las 31, solo dos son entidades autónomas, 12 son dependencias de algún ministerio y las 17 restantes son subordinadas a otro tipo de organismo estatal.
Ana Lucía Blas, encargada del estudio, señaló que otra de las carencias de la institucionalidad a favor de los pueblos indígenas es el poco personal con el que cuentan; en la mayoría de instituciones laboran entre una y nueve personas, las cuales no tienen una plaza fija, sino temporal, añadió.
Blas resaltó también que no existe una visión común de trabajo entre estas dependencias, pese a la buena coordinación que han entablado, además, dijo que en los últimos años se ha marcado una tendencia de que las instituciones de pueblos indígenas manejan también el tema de género, lo que ocasiona complicaciones en sus funciones.
Si tomamos en cuenta que tienen poco personal, poco presupuesto y pocas capacidades de decisión y además de ello deben atender a dos secciones poblacionales con necesidades distintas, las capacidades disminuyen, expresó.
La profesional aseveró que la población indígena se encuentra rezagada en torno a desarrollo humano, participación política y representación, entre otros aspectos, ante lo que se hace necesario reflexionar sobre la efectividad de estas instancias y determinar si este modelo es el mejor para atender a la población indígena.
Asimismo, consideró es necesario que estas entidades sea dotadas de más recursos financieros y humanos, además de fortalecerlas con un marco legal estable; debe existir una política pública que oriente el trabajo de todas, agregó.
De acuerdo con el último estudio de desarrollo humano, del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), la población guatemalteca no indígena tiene un índice de desarrollo de 0.62 por ciento, en tanto la indígena solo cuenta con un estimado de 0.48, siendo 1 el máximo desarrollo posible.
