La coalición de gobierno de España, de izquierda, anunció que quiere frenar los costos crecientes de la vivienda imponiendo topes a los aumentos de alquiler a aquellos que posean 10 propiedades residenciales o más.
Los partidos de oposición y líderes de organizaciones empresariales han criticado la propuesta como una intervención indebida en el libre mercado por parte del gobierno del presidente de gobierno español, Pedro Sánchez.
Los ministros del gobierno aprobaron un proyecto de ley de control a los alquileres durante una reunión semanal del gabinete. El gobierno dijo que los principales beneficiarios de la propuesta de ley serían las familias vulnerables y los adultos jóvenes en las ciudades más grandes del país.
Los salarios bajos y una tasa de desempleo juvenil del 35%, la más alta de la eurozona, significan que muchos españoles no pueden vivir de manera independiente. Están abandonando el hogar familiar a una edad media de 30 años, frente a la media de la Unión Europea de 26,4 años.
La disposición más controvertida del proyecto de ley establecería límites al aumento de alquileres para los dueños de múltiples propiedades residenciales, una iniciativa diseñada para apuntar a las grandes empresas inmobiliarias y los fondos de inversión. El gobierno aún no ha publicado el borrador, por lo que los detalles sobre los topes no estaban disponibles de momento.
Sin embargo, las autoridades dijeron que el proyecto de ley también incluye descuentos fiscales de hasta el 90% para los propietarios con menos de nueve propiedades que decidan reducir sus alquileres.
El presidente de gobierno anunció que, como parte de una iniciativa separada, el gobierno planea ayudar con el alquiler a los adultos de 18 a 34 años, otorgándoles un bono mensual de 250 euros (290 dólares) durante un máximo de dos años si ganan menos de 1.977 euros (2.291 dólares) mensuales.
La propuesta de ley también apartaría el 30% de todas las viviendas públicas para que funcionen como unidades para alquiler, en lugar de ponerlas a la venta a un precio reducido, y aumentaría significativamente los impuestos locales sobre las propiedades residenciales desocupadas.
La regulación del mercado de la vivienda fue el principal obstáculo que impidió que los socialistas de Sánchez acordaran un presupuesto nacional para 2022 con el socio menor del gobierno de coalición, el partido antiausteridad Unidas Podemos.
Se espera que los legisladores aprueben el presupuesto anual de gastos el jueves, dijeron ambas partes el martes. La votación en el Congreso de los Diputados, la cámara baja del parlamento español, se considera una prueba de la fuerza del gobierno.
Para que se apruebe el presupuesto, el gobierno minoritario de Sánchez necesita los votos de legisladores ajenos a la coalición, incluidos los partidos separatistas de Cataluña y el País Vasco.
«El acceso a la vivienda es un problema muy grave en nuestro país», dijo Sánchez.
La ministra de Trabajo y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, dijo que con estas propuestas «se abre camino un nuevo país».
«Ha llegado el momento de que las grandes multinacionales paguen lo que corresponda», agregó Díaz.
Pero el Partido Popular, acusó al gobierno de montar un ataque sin precedentes contra la propiedad privada.
«Tenemos un gobierno con comunistas que intervienen un día sí y otro también los mercados», dijo la vocera del PP, Cuca Gamarra.
En tanto, el presidente de la patronal empresarial CEOE, Antonio Garamendi dijo que «las personas tienen derecho a ahorrar» y que el Estado ahora diga «cómo tienes que gestionar lo que ya has pagado y por lo que estás pagando impuestos es una distorsión brutal de lo que es la libertad y el derecho a la propiedad, reconocido en la Constitución».
