Ayer se presentó oficialmente el Convenio de Cooperación para la Buena Gobernanza y una Cultura de Transparencia y lo hizo, como tenía que ser, el mismo Alejandro Giammattei quien presentó a las instituciones que forman parte de la nueva alianza, siendo éstas el Organismo Judicial, Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas de la Nación, Superintendencia de Administración Tributaria, Superintendencia de Bancos, la Intendencia de Verificación Especial y la Asociación Nacional de Municipalidades, con las que se espera concretar los ofrecimientos que Giammattei hizo en campaña en materia de corrupción.
Basta ver que encabezan el esfuerzo el Organismo Judicial, cuya presidenta asistió a la reunión en la que Giammattei pidió a la Fiscal General que destruyera cualquier prueba en su contra y destituyera al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, para entender por dónde va la cosa. Y si a ello agregamos a la inútil Contraloría General de Cuentas y la Asociación Nacional de Municipalidades, veremos que no se está hablando seriamente de la búsqueda de transparencia.
La verdad es que no se puede esperar un esfuerzo por avanzar hacia la transparencia en el manejo de los recursos públicos con los signatarios de este convenio que busca una buena gobernanza. El problema de la corrupción es muy profundo en el país y hace falta mucho más que declaraciones líricas porque al día de hoy tiene que señalarse el terrible flagelo de la impunidad, que avanza a pasos agigantados y que es el mayor incentivo para que cualquiera que llegue a un cargo público se sienta estimulado para hacer cualquier cosa a sabiendas de que no hay ninguna consecuencia legal.
Tenemos un Sistema de Justicia que está bajo control de una serie de magistrados que fueron el resultado de los acuerdos entre el partido Lider de Baldizón y el partido Patriota de Pérez Molina, designados precisamente para ser garantía y salvaguarda ante los golpes que ya había propinado la CICIG y el Ministerio Público. Esos magistrados han continuado en sus puestos más allá del período para el que fueron electos porque el siguiente proceso quedó en evidencia por las maniobras que se hacían en las Comisiones de Postulación. Y la Fiscal General de la República, Consuelo Porras, fue declarada persona en la que no confían en Estados Unidos, aunque justo es reconocer que aquí goza del apoyo entusiasta y emotivo del mismo Alejandro Giammattei, de la Corte Suprema de Justicia y de la Directiva de la Cámara de Industria.
En esas condiciones se puede hablar de cultura de impunidad, pero no de transparencia.
