Siete policías heridos, cuatro automóviles incendiados y otros actos vandálicos en los alrededores del edificio del Congreso paraguayo fueron el resultado de una protesta de grupos indígenas contrariados ayer con la aprobación de una ley que convierte en crimen la invasión a la propiedad privada.
Entre los policías heridos, según un informe de la comandancia de la policía, se encuentra un agente que recibió impactos de flechas de madera lanzadas por los arqueros de una etnia no identificada aún.
Los disturbios comenzaron cuando la cámara de diputados de 80 miembros, con el voto mayoritario de 49 parlamentarios del oficialista Partido Colorado, aprobó la modificación de una ley que aumenta la pena de cuatro a seis años de cárcel para quienes ocupen ilegalmente propiedades privadas.
Las transmisiones de los canales de televisión de Asunción difundieron imágenes de los actos vandálicos, entre ellos, el momento en que el jefe de una estación policial ubicada a trescientos metros del Congreso se encontraba en el suelo sin poder defenderse y fue agredido con piedras y palos por un grupo de manifestantes quienes, según la fiscalía, no pudieron ser identificados como indígenas o no.
El fiscal Juan Carlos Ruiz Diaz publicó una orden para el comandante de la policía nacional, comisario Luis Arias, para que identifique -a través de fotografías y videos- a las personas que participaron directamente en los ataques a policías e incendio de vehículos y previa rapiña de los objetos aparentemente de valor que se encontraban en el interior de estos.
El viceministro de Política criminal del Ministerio del Interior, Rubén Maciel Guerreño, dijo en su cuenta de Twitter que «sinceramente, deseo que con sólo aumentar penas se reduzca la criminalidad; sería la solución mágica», en un tono casi irónico.
Teodolina Villalba, presidenta de la Federación Nacional Campesina, la agrupación más grande de labriegos con y sin tierra propia, dijo en idioma guaraní en entrevista telefónica con The Associated Press que «la modificación de la ley no será ninguna solución porque miles de compatriotas pobres necesitan un pedazo de terreno para cultivar».
«Nuestro lema desde hace años se mantiene vigente: Recuperación de las tierras mal habidas será justicia», en alusión a extensas propiedades entregadas a civiles y militares durante el régimen autocrático del general Alfredo Stroessner (1954-1989), aparentemente dentro del programa de reforma agraria.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería se manifestó en su cuenta de Twitter «repudiando todo tipo de acto violento entre paraguayos. Ese no es el camino. Hacemos un llamado a la cordura y al diálogo».
La Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), creada por ley en 2003 con presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores para investigar las violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Stroessner, presentó un informe de 6.000 páginas en 2006 indicando que del 100% de los terrenos adjudicados dentro de la reforma agraria, el 64,1% fue entregado a personas cercanas al gobierno, sumando 6.298.000 hectáreas. Los beneficiados, según la CVJ presidida entonces por monseñor Mario Melanio Medina, hoy jubilado, no eran personas pobres.
La superficie de Paraguay es de 442.000 kilómetros cuadrados
En marzo de 2017 una parte del Congreso fue incendiado durante protestas de organizaciones civiles y partidos políticos de oposición ante la posibilidad de que se modificara la Constitución para permitir, en ese momento, la reelección del entonces presidente Horacio Cartes.
La Carta Magna, vigente desde 1992, prohíbe la reelección para un segundo período de gobierno.
