La cifra de fallecidos tras un motín y pelea entre miembros de bandas rivales en una prisión de la ciudad costera de Guayaquil ascendió a por lo menos 116, mientras 80 más están heridos, en lo que expertos y autoridades consideran la peor masacre carcelaria en Ecuador.
El caso llevó al presidente Guillermo Lasso a decretar el Estado de Excepción nacional en todo el Sistema Penitenciario por «grave conmoción interna» y para «preservar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad», dijo en una rueda de prensa que brindó el miércoles por la noche desde Guayaquil.
«Es lamentable que las cárceles se las pretenda convertir en un territorio de disputa del poder por parte de bandas delincuenciales», dijo tras enfatizar que vamos a actuar «con absoluta firmeza» para recuperar el control de la penitenciaría del Litoral y evitar que estos hechos se repitan en algún otro centro penitenciario, añadió.
El Estado de Excepción permite la movilización de todo el sistema de administración pública, incluido a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, hacia todos los centros de privación de libertad con el fin restablecer el orden y la convivencia pacífica, citó el presidente.
Visiblemente afectado, el primer mandatario ecuatoriano calificó de «malo y triste» lo que está sucediendo y admitió que al momento no puede afirmar que el control de la cárcel haya sido retomado. La principal preocupación es «preservar la vida de las personas privadas de la libertad» y garantizar los derechos humanos y la integridad de los privados de libertad y del cuerpo de seguridad penitenciaria, aseguró.
Como parte de las acciones emergentes, informó que se establecieron puntos de atención para los familiares de los detenidos con servicio de alimentación y acompañamiento psicológico. También destacó que se acelerará el plan de intervención que se había previsto para las cárceles del país, mismo que iniciará en la Penitenciaría del Litoral con inversión en infraestructura y tecnología. Unos 24 millones de dólares se requerirían para el objetivo.
El exdirector del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, Fausto Cobo, aseguró en la rueda de prensa que el gobierno enfrenta una «amenaza que tiene un poder igual o superior al propio Estado». Reconoció que mientras los miembros de la fuerza pública deben ingresar con escudos y desarmados, en el interior de la cárcel les esperan personas con armas de grueso calibre. Cobo se negó a dar el nombre de las bandas en disputa para no hacer «una apología al delito y de quienes cometieron un sanguinario asesinato».
Un dantesco escenario, propio de un campo de batalla, se observaba en imágenes que circularon por redes sociales y que reflejarían lo sanguinario del enfrentamiento entre los reos. Familiares apostados en los exteriores de la morgue lucían desolados, mientras algunos se animaban a describir ante los periodistas la crueldad con que sus allegados fueron asesinados, decapitados y desmembrados.
«No ha habido en la historia del país ningún antecedente parecido o cercano por lo menos a este», dijo a la AP Ledy Zúñiga, quien en 2016 fue ministra de Justicia. Lamentó que no se hayan tomado las medidas debidas cuando en febrero ya hubo una primera alerta tras una disputa que dejó 79 reos fallecidos y se pronunció por la intervención del sistema interamericano con el fin de que apoyen en las investigaciones sobre lo que ocurre en el sistema carcelario.
Según se divulgó la víspera, una disputa entre las bandas de «los choneros» y «los lobos», habría desatado el enfrentamiento armado que, a decir del exdirector de inteligencia militar, coronel Mario Pazmiño, se da por la pelea del «control territorial» dentro y fuera de las cárceles para dominar las actividades de narcotráfico y microtráfico.
Para Pazmiño el sangriento amotinamiento evidencia que «el crimen organizado transnacional ha permeado la estructura del estado», cuya gobernabilidad ha sido «trastocada por la injerencia de carteles internacionales como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación», que operan a través de bandas locales. «Quieren sembrar el miedo», dijo a la AP. Añadió que «mientras más radical y violenta es la forma de asesinar», más logran su objetivo de control entre bandas.
Según opinó Pazmiño, ante este escenario el gobierno ecuatoriano debería ceder temporalmente el control de las cárceles a la policía nacional, mientras se diseña una estrategia que permita formar adecuadamente a los guías penitenciarios y delegar la administración a expertos en criminología, siquiatría, manejo de crisis y negociación; además de privatizar las áreas de provisión de seguridad para la implementación de puertas blindadas, sistemas de inhibición de celular efectivas, entre otras.
La jornada violenta del martes en la penitenciaría del Litoral es la más reciente en lo que va del año. En febrero, el saldo de un amotinamiento simultáneo fue de 79 muertos. En julio 22 reos fallecieron y en septiembre un ataque con drones se produjo sin dejar víctimas mortales.
