Juan José Narciso Chúa
El caso de la justicia en Guatemala es patético. El hecho de haber cooptado y capturado a todas las instituciones de justicia en Guatemala muestra hoy, con toda su crudeza, cómo se elaboran “sentencias a la carta”, dentro de un juego perverso que erosiona a las instituciones de justicia, destruye la confianza de la ciudadanía en las mismas, mientras alinea todo su proceder en contra de la ciudadanía honrada, los jueces valientes y hoy se orienta a perseguir a todos aquellos actores sociales que se han destacado por su lucha en contra de la injusticia en este país.
Hace algunos meses escribí un artículo que denominé “La justicia enjaulada”, pero hoy esta afirmación se queda corta, pues más allá de que se tomaban decisiones que mostraban acuerdos entre los poderes, hoy el proceso se ha modificado radicalmente y van a desviar todos sus recursos para perseguir a entidades como elPeriódico, a Acción Ciudadana, al ex fiscal Juan Francisco Sandoval y a la jueza Ericka Aifán, entre otros, seguramente aparecerán más.
Cada vez más, el país camina hacia una democracia sitiada, hacia una democracia de fachada, pero en el fondo camina lentamente hacia el fascismo. Hoy ya no es suficiente alinearse, hoy además hay que protegerse contra aquellas personas o instituciones o jueces o fiscales que osen reclamar verdadera justicia, hoy no se pueden presentar pruebas porque contrariamente a utilizarlas para hacer justicia se utilizan en contra de los denunciantes y se preparan a una ola atentatoria contra la libertad de expresión y al libre ejercicio de la denuncia en el marco de la legalidad.
Es lamentable observar el conjunto de decisiones o resoluciones legales como la de la Corte de Constitucionalidad contra Ericka Aifán, la de la CSJ de no permitir levantar el antejuicio contra la Fiscal General con pruebas en la mano y certificar lo conducente en contra de El Periódico por presentar documentos de prueba. Es impresionante observar cómo los distintos representantes de las instituciones y poderes del Estado hoy saben -violentando la independencia de poderes e instituciones-, qué decisiones u acciones se van a tomar en contra de otras personas, como el hecho de desempolvar el caso Odebrecht únicamente para enderezar toda la artillería legal en contra del ex fiscal Juan Francisco Sandoval.
Por ello, no es casual que todos los abogados probos que se encontraban como quijotes luchando contra los molinos de viento de la impunidad, se encuentren en el exilio obligado, pues su persecución penal era lotería cantada y aún hoy persisten en perseguirlos buscando cualquier medio posible para hacerlo.
La impunidad es un flagelo que mina la credibilidad en la justicia en sus instituciones y la sociedad observa cómo se destruye nuestro país bajo el manejo de un grupo de irresponsables que buscan perpetuar el estatus de un grupo minoritario y buscan asegurarse tranquilidad cuando se encuentren fuera de sus puestos, ya habiendo construido una fortuna luego de haber cumplido con mantener el sistema de impunidad y corrupción.
En poco tiempo, de continuar las cosas como están, empezarán a atacar a todos aquellos que emitimos opinión y nos oponemos públicamente y ejerciendo el derecho a la libre expresión, de todas las barbaridades judiciales y políticas que suceden en nuestro país todos los días.
Este proceso tiene límites y resulta que es autodestructivo, el mismo sistema va a caer preso de sus propias acciones ominosas y se erosiona con cada decisión. La ciudadanía no puede permanecer impasible, se necesita pronunciar para luchar como pueblo en contra de un sistema que nos engulle día a día.
