La Oficina Nacional de la Policía Internacional (Interpol) ha revocado la alerta roja emitida para detener al expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén, así como las notificaciones contra cuatro antiguos altos cargos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), sobre quienes también pesaba una orden de captura internacional.
Los cuatro exfuncionarios, Gersón Martínez, José Melgar, José López y Lina Pohl, se encuentran imputados en El Salvador por enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales. Según Interpol, las órdenes han sido retiradas a tenor de lo establecido en el artículo 3 de los estatutos de la organización.
Dicho artículo sostiene que «está rigurosamente prohibida a la organización, toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial», como sería este el caso, según informaciones del diario ‘La Prensa Gráfica’.
Ante tal dictamen, los únicos exfuncionarios detenidos bajo dichas imputaciones en distintas penitenciarías del país son Carlos Cáceres, exministro de Hacienda; Calixto Mejía, exviceministro de Trabajo; Hugo Flores, exviceministro de Agricultura; Violeta Menjívar, exministra de Salud; y Erlinda Handal, exviceministra de Educación, Ciencia y Tecnología.
Todos ellos fueron capturados el pasado 22 de julio en la que las autoridades fiscales y policiales denominaron ‘Operación Desfalco’ tras ser acusados de supuestamente recibir pagos irregulares en la administración de Mauricio Funes, tal y como ha explicado el fiscal general, Rodolfo Delgado.
El pasado 24 de septiembre, una resolución del Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador deja constancia que Interpol se rehusó a participar en la difusión y arresto de cinco exfuncionarios y militantes del FMLN acusados por el Gobierno salvadoreño de recibir sobresueldos durante la gestión del expresidente Mauricio Funes.
El exmandatario, que estuvo al frente del país entre 2009 y 2014, está siendo investigado, a su vez, por la supuesta malversación de 351 millones de dólares (300 millones de euros) del presupuesto estatal salvadoreño.
