La pandemia se convierte, por supuesto y con toda razón, en el eje principal de la gestión de salud pública en el país, pero es patética la forma en que se abandonan otras obligaciones en temas que tienen que ver con la vida o muerte de muchas personas, como sucede en el Instituto de Cancerología, Incan, donde a los pacientes les están diciendo que vuelvan el año entrante a continuar sus tratamientos porque se acabó el dinero asignado para este año. Y así sucede en muchas dependencias del Ministerio de Salud en donde ni siquiera han tratado pacientes con el coronavirus pero se han sonado los presupuestos y nadie pide ni piensa en una transferencia para evitar la interrupción del servicio a los enfermos.
Hay entidades especializadas como el Incan y Unicar y cancerología infantil que fueron puestas bajo la administración de patronatos, los cuales no cumplen con una función de privilegiar la calidad del servicio y atender de mejor forma a los pacientes. Se supone que consiguen donaciones y hay un mecanismo en el que ellos mismos ponen precio a las donaciones en especie para inflar su capacidad de recolección porque tratan de ver quién se luce más, cuando lo que debiera preocupar es la eficiente atención a los pacientes. No se ha revisado esa política que surgió con fuerza en tiempos de Arzú y que se mantiene hasta la fecha.
El cáncer no esperará hasta el 2022 para seguir con su efecto devastador sobre los pacientes. Urge que se hagan las transferencias y que, simultáneamente, se hagan verificaciones de cómo se usó el dinero al punto de agotar la asignación más de tres meses antes del fin de año. Pero es importante que las autoridades entiendan que si bien el Covid-19 es nuestro principal reto hoy, no podemos dejar en el aire a otros miles de enfermos que requieren atención médica.
